El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, firmó ayer un convenio con sindicatos, empresarios y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) por el que se instrumentalizan las actuaciones de planificación y organización de los flujos migratorios interiores y exteriores en el sector agrícola, que se realicen en el marco de los convenios firmados en junio de 2006 por esta entidad con las mismas organizaciones.
Así lo comunicó la directora general de Inmigración, Marta Rodríguez-Tarduchy, acompañada de la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, tras la firma del acuerdo. "Ya no existe justificación para la contratación irregular", acotó la directora general de Inmigración.
Asimismo, Rodríguez-Tarduchy quiso aclarar que la firma de este convenio "no se ha acelerado" tras la muerte, el pasado mes de septiembre, de dos trabajadores extranjeros que vendimiaban en el término municipal de Socuéllamos (Ciudad Real) y que, según UGT, no tenían contrato de trabajo.
"Este acuerdo es una pieza clave en la política de inmigración del Gobierno", justificó la directora general de Inmigración, quien añadió que "supone la canalización adecuada de la demanda de estos trabajadores".
En este sentido, la directora general de Inmigración destacó que, a través de este convenio, el Gobierno se compromete a establecer unas medidas concretas, como la creación de un mapa que informará de las campañas que se realizan en España, así como el control "exhaustivo" de las condiciones de los alojamientos de los trabajadores temporeros asignados por las empresas. Además, Rodríguez-Tarduchy insistió en el compromiso informativo por parte del Ejecutivo sobre los procedimientos para ordenar las campañas agrícolas.
Asimismo, este convenio contempla que las partes implicadas deben comprometerse, a realizar el análisis y cuantificación de las necesidades de mano de obra de las empresas agrarias y, en concreto, de aquellas que deban ser atendidas con trabajadores migrantes.
En segundo lugar, las partes firmantes deben gestionar los procesos de contratación de trabajadores en el mercado interno y, en su defecto, en los países de origen de los trabajadores extranjeros. En este sentido, Rodríguez-Tarduchy afirmó que esta medida "garantiza la coordinación imprescindible para lograr que, si es necesaria la mano de obra extranjera, ésta se contrate de forma ordenada".
Otro aspecto relevante del convenio se refiere a la organización de los desplazamientos de los trabajadores migrantes y de las acciones que aseguran su integración social y laboral, atendiendo con ello, la "idoneidad del alojamiento de estos trabajadores".
Por último, el acuerdo contempla el asesoramiento e información sociolaboral a los trabajadores y a la vigilancia y control de las condiciones de trabajo, del caracter continuado de la actividad y del cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social.
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