La situación irregular de una gran parte de los extranjeros afincados en Baleares -miles según los expertos- hace imposible concretar cuántas personas se ven obligadas a vivir durante tres años al margen de la legalidad, sin posibilidad de optar a un contrato de trabajo, para poder tramitar su regularización en España a través de la figura del arraigo social.
Esta figura prevista en la Ley de Extranjería es una de las vías posibles para obtener el permiso de residencia y de trabajo, según explicó a EP el abogado especialista en inmigración Igor Valiente. Para este experto, la juventud de la legislación española en esta materia es la causa de que se haya creado una ‘bolsa’ de personas atrapadas en la situación irregular que, según advirtió, “no va a parar de crecer”.
Los inmigrantes que entran en España a través de pateras o saltando alambradas son los menos, destacó Valiente. La gran mayoría lo hace en avión, procedentes de Latinoamérica y de los países del Este, sin mayor dificultad y con permiso para permanecer en el país durante tres meses.
Una vez transcurrido ese plazo, los que no han conseguido un contrato de trabajo deberían regresar a su país de origen. Sin embargo, la mayoría decide quedarse, viéndose condenados a esperar a que se cumplan los tres años de estancia para poder alegar arraigo social y solicitar la residencia al Gobierno español.
Durante dos años y nueve meses, esta situación de bloqueo les impide trabajar de manera legal, ya que no cuentan con el necesario permiso, ni salir del país, por la imposibilidad de volver a entrar en España. En el caso de Baleares, el hecho insular complica aún más la situación, ya que desplazarse a la Península a través de barco o avión supone exponerse a un proceso de expulsión.
Así las cosas, y teniendo en cuenta que la gran mayoría de consulados a los que deben acudir los inmigrantes instalados en el archipiélago se encuentran en Madrid y Barcelona, la encrucijada jurídica aboca a estas personas a trabajar de manera ilegal -en el mejor de los casos- o a ganarse la vida a través de actividades delictivas.
La única posibilidad que un trabajador irregular tiene para obtener la residencia antes de que se cumplan los tres años de estancia pasa por demostrar que lleva más de dos años viviendo en España y más de un año trabajando -arraigo laboral-. El único modo de justificar dicha antigüedad laboral es una sentencia judicial que provenga de una denuncia del trabajador al empresario o de una inspección de trabajo.
La primera opción es poco habitual dado que los inmigrantes empleados ilegalmente son reacios a “morder la mano que les da de comer”, según Valiente. La otra posibilidad es aún menos frecuente por la desmesurada carga de trabajo de la Inspección, al menos en Baleares, y el escaso personal del que dispone este organismo.
Para Valiente, carecen de sentido todos los recursos económicos que las administraciones invierten en favorecer la integración social de la comunidad inmigrante, si ésta no viene precedida de un importante esfuerzo por la regularización de su situación legal. “El primer requisito para la integración, son los papeles”, insistió.
Atrapado en la burocracia
Rodrigo es ciudadano brasileño pero vive en Palma desde hace dos años. Su situación irregular le obliga a trabajar de manera ilegal en un conocido restaurante palmesano que se sirve habitualmente de trabajadores sin contrato, reduciendo así los costes de personal.
Aunque Rodrigo no está contento con el trato que recibe en su trabajo desde que fue empleado hace ya casi dos años, ya que son continuos los retrasos de meses en el pago de su sueldo, afirma que no tiene más remedio que aguantar porque es el único empleo que ha encontrado en el que no le piden permiso de trabajo.
En noviembre de 2006, una inspección de trabajo aleatoria terminó con Rodrigo y con sus 44 compañeros ilegales, además de los propietarios del local, pasando una noche en el calabozo de la Policía Nacional. Los empresarios fueron acusados, debido al elevado número de ilegales sorprendidos, de tráfico ilegal de personas.
Aunque, según explica Rodrigo, antes no era habitual que los inmigrantes detenidos por trabajar sin permiso fueran expedientados, la Policía inició un procedimiento de expulsión para los 45 trabajadores, ratificado por la Delegación del Gobierno apenas tres meses después y que suponía la obligación de abandonar el país en un plazo de dos semanas y por un periodo mínimo de tres años.
Ante esta situación y para evitar la deportación, Rodrigo tuvo que contratar los servicios de un abogado que interpuso un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares contra la orden de expulsión, congelando el proceso hasta que se celebre la vista, algo que puede tardar entre dos meses y un año. De momento, se le permite permanecer en España, pero no trabajar de manera legal.
A pesar de la actuación policial, el jefe de Rodrigo le mantuvo en plantilla a él y a otros dos compañeros de los detenidos. “Tenemos que seguir trabajando para vivir”, explica, admitiendo que asume el riesgo de que una nueva inspección le cueste 45 días de cárcel y la expulsión definitiva del país.
“El jefe tiene preparado un plan por si aparece la policía. Los tres trabajamos vestidos de manera elegante, en lugar de llevar uniforme como los demás, y en estado de alerta permanente para sentarnos en una mesa y fingir que somos clientes a la mínima sospecha de viene la inspección. Además, nuestros horarios evitan coincidir con los de los funcionarios que hacen las inspecciones”, relata.
Para Rodrigo, no hay posibilidad de acceder a un trabajo legal, ni de solicitar el permiso de residencia hasta que se celebre el juicio. Sólo le queda esperar y confiar en que obtener la residencia por arraigo laboral, ya que en el momento de la inspección llevaba más de un año trabajando. “Prácticamente tengo el arraigo laboral en la mano, pero he tenido que estar dos años empleado sin contrato”, lamenta.
El abogado especialista Igor Valiente explica que, tal y como están las normas en este momento, casi se está “premiando” el trabajar de manera ilegal y el permanecer sin ser descubierto durante varios años. “La inmigración irregular y todos los problemas que conlleva no van a terminar con pequeñas reformas de las leyes de extranjería. Hace falta una política comunitaria y que se pongan medios para que la asimilación jurídica y laboral sea rápida”, señala.
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