Un intruso ha entrado en la casa. ¿Qué hacer? Así es como se sienten numerosos colectivos profesionales al comprobar cómo, cada vez más, personas no cualificadas realizan trabajos para los que no están habilitados. Hasta hace algunos años, esta situación no preocupaba en demasía a las autoridades, puesto que el intrusismo laboral sólo se veía en el Periodismo o la Abogacía, profesiones liberales y que, en principio, no entrañaban peligros para la integridad física de los ciudadanos.
Sin embargo, de un tiempo a esta parte, el intrusismo laboral ha llegado hasta la sanidad. Se comenzó con la llegada de higienistas dentales procedentes del extranjero, cuyos títulos bien no existían, bien no habían sido homologados. El pasado mes de junio, el Juzgado de lo Penal número 2 de Móstoles condenaba a una mujer que había cometido un delito de intrusismo laboral «al ejercer, como higienista dental, sin la correspondiente titulación». La pena consistió en seis meses de multa.
Clínicas clandestinas
Tras los higienistas dentales, comenzaron a conocerse la existencia de «clínicas clandestinas», donde se llevaban a cabo operaciones de cirugía estética sin los pertinentes controles sanitarios. Y, por supuesto, de un modo absolutamente ilegal. Esta misma semana la Audiencia Nacional estimó el recurso presentado por el Consejo general de Colegios Oficiales de Médicos, anulando las nuevas normas que permitían realizar tareas propias de la asistencia sanitaria a quienes no estén considerados profesionales.
La Sanidad, el Derecho y la Seguridad son las principales víctimas del intrusismo laboral. Para luchar frente a ello, cada vez son más los Colegios Profesionales que han capitaneado la lucha contra esta práctica. En el caso de la Abogacía, colegios como el de Tenerife han anunciado su intención de «perseguir estas actuaciones».
En cuanto a la vigilancia privada, la muerte de varios jóvenes en locales de copas de Alcorcón, Barcelona o Vigo, desató la alarma acerca de los «gorilas» que, sin formación y, lo que es más importante, sin autoridad alguna, se convierten en «la ley».
Para la asociación de Profesionales para la Seguridad Privada (PSP), «la prestación de servicios realizados por personal que no tiene la Titulación de Vigilante de Seguridad, está penada y sancionada por la Ley de Seguridad Privada . Pero esta práctica totalmente ilegal está muy extendida entre todas las empresas de seguridad».
Por ello, esta asociación ha promovido una proposición de ley sobre «Reformas Urgentes a la Ley de Seguridad Privada», en la que solicita al Estado «terminar con el intrusismo que practican tanto las empresas que no tienen la homologación necesaria para ejercer como empresas de seguridad (empresas piratas), como los servicios de seguridad que se efectúan con personal que no tiene la acreditación legal para trabajar como vigilantes de seguridad».
Este colectivo —cuya existencia data de 1849, con la creación de los guardas jurados—, vio reconocidos sus derechos en 1992, momento en el que la legislación declaró ilegal la figura del guarda de seguridad. A estos se les concedía un plazo de dos años para sacarse la acreditación oficial como vigilantes de seguridad. Pasado el plazo, fueron muchos los que, sin permiso, continuaban en garitas, oficinas y almacenes.
Sin embargo, el problema más conocido es el de las «clínicas pirata», aquellos centros no homologados (en la mayoría de los casos, en casas particulares) en los que, por una cantidad de dinero inferior a la de los centros oficiales se llevan a cabo operaciones de estética.
Según datos de la Sociedad Española de Cirugía Plástica Reparadora y Estética, de cada diez operaciones que se realizan en nuestro país, una es realizada por un alguien que no está debidamente cualificado. Varios expertos consultados critican que las inspecciones sanitarias se encuentran con numerosas trabas legales para acabar con esta práctica ilegal, puesto que al tratarse de domicilios privados es precisa una orden judicial para poder practicar la inspección.
El intrusismo laboral, como se ha dicho, se encuentra inserto en todos los sectores de la sociedad. Desde los profesores de lengua española para extranjeros, cuyo colectivo ha solicitado establecer estudios universitarios específicos que avalen la calidad del profesorado, hasta las titulaciones deportivas.
En este punto, el Gobierno catalán ha aprobado un anteproyecto de ley que exigirá una titulación universitaria para los animadores deportivos, los entrenadores profesionales, los directores deportivos y los profesores de educación física.
La problemática acerca del intrusismo también llega a los profesionales de la información. Así, el Informe Anual de la Profesión Periodística elaborado por la Asociación de la Prensa de Madrid coloca al intrusismo laboral como la segunda preocupación de los periodistas (45,8%), sólo superado por la precariedad laboral (que preocupa a dos de cada tres profesionales).
En algunas profesiones, no menos curiosas que el Periodismo, el intrusismo laboral alcanza cotas verdaderamente escandalosas. Así, durante la celebración del Congreso Europeo de Investigación Privada, celebrado el pasado 6 de octubre en Zaragoza, el presidente de la Asociación Profesional de Detectives Privados en España, Julio Gutiez, denunció que en este gremio existe un índice de intrusismo del 20%. Esto es: de los 2.200 detectives españoles, unos 450 ejercen su profesión de modo ilícito. Y en secreto.
JESÚS BASTANTE
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