Según confirmó hoy en declaraciones a Europa Press el jefe de la Inspección de Trabajo, José María Casas de Ron, la investigación se inició a raiz de una visita realizada por una inspectora al astillero "hace 10 ó 12 días", en la que observó que había 25 trabajadores bolivianos cuyos contratos de trabajo presentaban "algunas peculiaridades", y el expediente "podría estar resuelto en un par de semanas".
Las pesquisas de la Inspección van por dos líneas, según puntualizó Casas de Ron. Por un lado, se pretende confirmar si existe una situación de prestamismo laboral irregular y, en ese sentido, aclaró que para que una empresa pueda contratar a otra, ésta debe tener "estabilidad" en cuatro aspectos: organizativo, de patrimonio, posesión de maquinaria y en los mandos; por lo que se comprobará que sea así en este caso.
Además, el sindicato CC.OO. presentó ante la inspección una denuncia por irregularidades en esta contratación la pasada semana y en las últimas horas aportó, como prueba documental, una muestra de los contratos de "reconocimiento de deuda" que supuestamente se obligó a firmar a estos trabajadores en Bolivia, además del contrato normal, por tiempo indefinido.
El portavoz del sector naval en CC.OO., Ramón Sarmiento, explicó en declaraciones a Europa Press que los operarios fueron contratados por la empresa en su país de origen y se les obligó a firmar, antes de rubricar su contrato laboral, un documento de "reconocimiento de deuda", en el que se estipula que deberán pagar a la empresa la cantidad de 12.468 euros en concepto de viaje, gestión de su documentación, manutención y formación.
Además, según Sarmiento, la empresa "los tiene atados durante al menos un año", de hecho, les recuerda que, de no ser abonada esta deuda, se les podría embargar sus nóminas futuras. El portavoz de CC.OO. recalcó que estas condiciones "no se sostienen por ningún lado porque son ilegales y se parecen a las prácticas de las mafias de la prostitución".
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