Los municipios británicos reclaman la creación de un fondo especial de 250 millones de libras (360 millones de euros) para ayudarlos a hacer frente a la llegada masiva de inmigrantes a trabajar en el Reino Unido.
Según un informe encargado por la Asociación de Gobiernos Locales, que representa a 400 municipios de Inglaterra y Gales, la inmigración de ciudadanos de la Europa del Este en los últimos años ha sometido los servicios públicos a fuertes tensiones.
Algunos municipios señalan que las personas procedentes de esos países desconocen el funcionamiento del sistema sanitario británico y no han acudido al médico de cabecera para registrarse y poder beneficiarse de los servicios de salud.
Determinados municipios apuntan que se han producido 'graves incidentes de violencia racial y tensiones en los casos en los que los recursos son escasos y hay pocas instalaciones públicas'.
Otros denuncian problemas de insuficiencia de viviendas y el hecho de que algunos vecinos estén construyendo ilegalmente en los jardines de sus casas cobertizos que alquilan luego a los inmigrantes.
Ciertos ayuntamientos han alertado de que los hijos de algunas familias inmigrantes están trabajando más horas de las permitidas legalmente.
Según el responsable del Interior de la oposición conservadora, David Davis, el informe de los municipios británicos confirma lo que su partido lleva tiempo denunciando, a saber que la política laborista 'de puertas abiertas a la inmigración está sometiendo los servicios públicos y la vivienda a enormes presiones'.
'Todo ello se agrava por unas estadísticas oficiales chapuceras que subestiman el número de inmigrantes y que han dejado a los municipios sin recursos suficientes para afrontar el problema', agrega Davis, citado hoy por la BBC.
El ministro de Trabajo, Peter Hain, se vio obligado esta semana a pedir disculpas tras admitir que el número total de inmigrantes empleados en el Reino Unido es de 1,1 millones y no 800.000 como creía el propio Gobierno.
Los inmigrantes representan actualmente el 8 por ciento de los 29,1 millones de personas que forman la población laboral activa de este país.
Según el citado ministerio, los europeos comunitarios representan poco menos de la mitad de los inmigrantes mientras que el resto procede de países no comunitarios o de la Commonwealth (Mancomunidad Británica de Naciones).
Esas cifras parecen desautorizar al primer ministro británico, Gordon Brown, quien afirmó esta semana que su Gobierno quiere que sean trabajadores británicos quienes ocupen las 600.000 vacantes que aún hay en este país, algo que, según denuncian los conservadores, es además ilegal según las leyes europeas.
El Gobierno, señalan los conservadores, no puede hacer nada para evitar que sigan llegando masivamente ciudadanos polacos a trabajar en el Reino Unido.
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