El Consejo de Ministros autorizó ayer la aplicación de medidas laborales y de Seguridad Social para los trabajadores de la fábrica de motores de Izar Manises, un plan que tendrá un coste de 5,1 millones de euros para la Administración General del Estado.
El pasado 2 de octubre los sindicatos CCOO y UGT llegaron a un acuerdo con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para garantizar los derechos de la totalidad de la plantilla de la fábrica de motores de Manises, que cerrará el próximo año, que incluía la presentación de un expediente de regulación de empleo.
El plan pactado incluye medidas de protección social para los trabajadores que acrediten una antigüedad de cinco años en Izar y hayan nacido antes del 31 de diciembre de 1957, que afecta a 64 empleados, la mitad de la plantilla.
Asimismo, se contempla la recolocación de todos los empleados que no puedan acceder a las medidas anteriores, 63 personas, y un plan de bajas indemnizadas aplicable a todos aquellos que no puedan acceder a ninguno de los dos planes anteriores.
El pasado mes de junio la Comisión Liquidadora de Izar declaró desierto el proceso de venta de los activos del centro de Manises e inició las actuaciones necesarias para liquidar los activos y proceder a su cierre, una vez quedara resuelta la situación laboral de los trabajadores.
El cierre de la fábrica de Manises culmina el proceso iniciado en diciembre de 2004 para resolver la situación de quiebra en la que se encontraban los astilleros públicos, obligados por la Comisión Europea a devolver unas ayudas ilegales de 1.250 millones de euros recibidas en 1999 y 2000.
En 2005 se escindió la actividad militar, que ahora realiza la compañía pública Navantia, y se procedió a la liquidación de los centros de Sevilla, Sestao, Gijón y Manises.
Los tres primeros fueron vendidos a lo largo de 2006, mientras que la única oferta recibida por la fábrica de Manises no prosperó porque incumplía las obligaciones legales de los liquidadores de Izar y las condiciones impuestas por la CE.
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