La subida salarial de los empleados públicos podría ser un incentivo para evitar prácticas corruptas en los países pobres, destacaron algunos expertos participantes en un encuentro internacional de expertos en corrupción de la Fundación Ramón Areces.
Para el profesor Raymond Fisman, de la Columbia Business School (EEUU), esta medida sería buena en particular en aquellos países donde los salarios de los funcionarios son muy bajos, para evitar que se vean en la necesidad de aceptar sobornos.
No obstante, matizó que la subida salarial debe ir acompañada de mecanismos que hagan cumplir la legalidad, por lo que es necesario profundizar en el estudio de estas medidas.
El profesor Juan José Ganuza, de la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona), señaló también que, en países como España, la diferencia entre los pequeños sueldos de algunos alcaldes y las cantidades que manejan en contratos públicos puede suponer una tentación para corromperse.
En la presentación de la reunión, los organizadores destacaron la magnitud del problema y recordaron que el valor anual de los sobornos en todo el mundo, según el Banco Mundial, se sitúa en torno al billón de dólares (cerca de 700.000 millones de euros), equivalente al 70% del Producto Interior Bruto español.
En particular, destacaron el problema de la corrupción para los países menos desarrollados, donde este fenómeno está más extendido y va ligado a la pobreza.
Ganuza destacó que la corrupción es el factor "más importante, por sí solo, para explicar la pobreza", y que "si en el mundo es una enfermedad, en los países pobres es un cáncer".
Fisman subrayó los efectos de la corrupción sobre el desarrollo en ámbitos como la educación o la mortalidad infantil.
Así, citó como ejemplo el caso de Uganda, donde se estima que la corrupción hizo desaparecer el 87% de los fondos públicos destinados a las escuelas, después de que éstas se trasfiriesen a los gobiernos locales.
Ambos académicos destacaron los avances en la lucha contra las prácticas corruptas en el ámbito internacional, como la aprobación por parte de la OCDE de normas que prohíben a las empresas de países ricos pagar sobornos en países emergentes, unos gastos por los que antes las compañías incluso obtenían deducciones fiscales.
A pesar de estos avances, Fisman matizó que en la práctica la violación de estas leyes todavía no se persigue con suficiente rigor en los países desarrollados.
También señalaron las dificultades para medir el fenómeno de la corrupción, dado su carácter secreto, y señalaron el carácter poco fiable de los estudios de asociaciones como Transparencia Internacional, basados en encuestas.
En el caso español, Ganuza subrayó la falta de investigación académica "seria" sobre el tema, lo que impide saber cómo ha evolucionado el problema en los últimos años.
No obstante, Fisman reivindicó la utilidad de la economía para estudiar la corrupción, ya que, según dijo, las decisiones de las personas corruptas siguen una lógica racional de "coste-beneficio".
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