Las organizaciones sindicales CC.OO. y UGT reclamarán a la CE una directiva marco sobre los servicios públicos de interés general que establezca reglas claras para garantizar la continuidad de estos servicios públicos y el acceso universal de todos los ciudadanos de la UE a los mismos.
Esta iniciativa de CC.OO y UGT se enmarca dentro de la campaña de defensa de los servicios públicos de la UE promovida por la Confederación Europea de Sindicatos (CES), y pasa por recoger un millón de firmas de trabajadores españoles antes de que termine el año.
En una rueda de prensa conjunta celebrada ayer en la sede Confederal de UGT, el secretario general de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT, Julio Lacuerda, y su homólogo en CC.OO., Miguel Vicente, insistieron en la importancia de estos servicios como "pilares" del modelo social europeo y como "elementos clave" para la cohesión territorial y social.
Lacuerda puso de manifiesto el deterioro continuo de estos servicios públicos debido a la presión de los procesos de liberalización sectorial y las privatizaciones, y criticó las normas promulgadas por la UE hasta el momento, que, a su juicio, sólo han generado "más complejidad e incertidumbre" en lo que a este tema se refiere.
En este sentido, se refirió a la última decisión del Consejo de Ministros de la UE de liberalizar el sector postal en 2011 sin tener en cuenta la financiación de los servicios postales en las zonas rurales, insulares o montañosas y que, según indicó, "atenta directamente" a los principios de solidaridad, de cohesión territorial y social y de igualdad de oportunidades. "La UE no debe ser sólo un espacio económico", dijo.
Para el secretario general de la FSP de UGT, es "inadmisible" continuar esta dinámica sin desarrollar antes disposiciones vinculantes que impidan sus efectos negativos, por lo que exigió una iniciativa legal que establezca criterios comunes en la definición de los servicios públicos para que los países de la UE "tengan las mismas reglas del juego".
UNA DIRECTIVA BASADA EN EL DIÁLOGO
Además, consideró que esta directiva debe nacer del diálogo y el consenso social para garantizar la universalidad de los servicios y el acceso de los ciudadanos a los mismos, y confió en que el futuro reglamento europeo se fundamente en los principios de solidaridad y que salvaguarde los derechos de los trabajadores de estos servicios públicos.
Por su parte, Miguel Vicente resaltó la labor de las organizaciones sindicales como promotores, desde España, de la campaña que inició la Confederación Europea de Sindicatos (CES) en el ámbito europeo, que pretende que la CE ponga en marcha "con urgencia" esta normativa marco de servicios públicos, para evitar las diferencias entre países en la definición de los servicios públicos y la cobertura de los mismos.
En este sentido, el secretario de relaciones internacionales de CC.OO, Javier Doz, explicó que los servicios públicos, entendidos como un conjunto de actividades que abarcan sectores tan diversos como la educación, la sanidad, el agua, la energía y el transporte público, entre otros, deben salvaguardarse en España y en Europa y pidió la colaboración de todos para conseguirlo.
"Se necesita la voluntad política de todos para conseguir la legislación", indicó Doz, tras asegurar que el camino será largo y que será una "lucha de fondo", aunque se mostró optimista ante la posibilidad de terminar la primera fase de la campaña (la recogida de firmas), antes de que acabe el 2007.
REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD.
Finalmente, y preguntadas sobre la tasa de temporalidad de las Administraciones Públicas, las organizaciones sindicales coincidieron en afirmar que se ha conseguido reducir considerablemente esta tasa con procesos de conversión de contratos temporales en indefinidos.
Señalaron que actualmente no "existe ninguna excusa" para mantener un "elevado índice de temporalidad" porque, según indicaron, es "fundamental" para los servicios públicos garantizar la calidad en el empleo.
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