Treinta y ocho jueces y fiscales precisa la Justicia en la Región de Murcia para equipararse con la media nacional. Esta es una de las cifras que el Ejecutivo autónomo pondrá sobre la mesa del Ministerio de Justicia cuando se inicie la fase del tira y afloja de las negociaciones para el traspaso de la Justicia, que ahora, tras varios años de estancamiento, han dado un primer y firme paso al admitir el Ministerio los déficits que padece la Región y aceptar concretar un plan plurianual de inversiones para corregirlo.
La reunión ha tenido lugar en la sede del Ministerio de Justicia, en Madrid, y en ella han participado en representación de la Región la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Pedro Reverte, el secretario general de dicha Consejería, Juan Antonio Morales, y el diputado popular y presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia de la Asamblea Regional, Manuel Campos. Por parte del Ministerio han intervenido el titular de la cartera, Mariano Fernández Bermejo, y el secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez.
Ambas partes destacan al finalizar la reunión la receptividad y buena disposición para alcanzar un acuerdo final. No se plantean cantidades ni plazos, pero la Consejería de Hacienda, que ya trabaja en un informe detallado de las necesidades de la Justicia de Murcia, es consciente de que el esfuerzo del Ministerio debe ser relevante.
La Región dispone de 122 jueces, lo que supone una media de 8,9 por cada 100.000 habitantes. Para equiparase a la media, situada en 10,2, precisaría alcanzar la cifra de 140 jueces. El número de fiscales también es escaso. Son sólo 46, por lo que se necesitarían entre 15 y 18 más para cubrir las diferencias con el conjunto del Estado español.
Pero si escasa es la dotación en jueces y fiscales, no lo es menos en infraestructuras. Sólo el 33 por ciento de los inmuebles que ocupan las unidades judiciales en la Región son propiedad del Ministerio, el resto se encuentran en precario o en locales de alquiler.
El personal funcionario y laboral, que ahora es de 1.200 personas, deberá además incrementarse de forma proporcional al de jueces y fiscales. Y está también por dilucidar quién se hará cargo del incremento salarial pactado con los sindicatos y que el Ministerio aún no ha aplicado.
Para cubrir estas deficiencias en infraestructuras y personal, la consejera de Hacienda propone en la reunión pactar un plan plurianual de inversiones que sufragaría el Ministerio, y con una duración de no más de tres años. Este plan sería complementario al coste efectivo de la transferencia, que se compone básicamente de la valoración de los bienes y salarios del personal incluidos en el traspaso (jueces y fiscales seguirán dependiendo del Ministerio).
El ministro acepta negociar este plan plurianual de inversiones, según indicó la consejera María Pedro Reverte, y se compromete a remitir al Gobierno regional una propuesta con cantidades en el plazo más breve posible.
La negociación de este plan de inversiones será la piedra angular de las negociaciones, ya que sin él o con una dotación económica insuficiente, el Ejecutivo autónomo no está dispuesto a asumir las transferencias.
Reverte indica a la salida de la reunión que 'el objetivo de este plan es solucionar las deficiencias de órganos judiciales e infraestructuras y acometer una modernización de la administración de Justicia en la Región, que han sido los tres ejes sobre los que hasta la fecha se ha sustentando el diálogo entre la Comunidad Autónoma y el Ministerio de Justicia en torno al proceso de transferencia de las competencias'.
En este sentido, María Pedro Reverte subraya que la Región de Murcia 'es la penúltima comunidad española en número de jueces por cada cien mil habitantes', y reitera que 'debemos lograr el compromiso por parte del Ministerio de alcanzar la media nacional en este indicador'.
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