18 de noviembre de 2024
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El Consejo de Europa prepara un nuevo órgano de control de la trata de seres humanos en Europa

El Consejo de Europa prepara un nuevo órgano de control de la trata de seres humanos en Europa

Un equipo de entre 10 y 15 expertos integrará en 2008 el Grupo de Expertos en la Acción Contra la Trata de Seres Humanos (Greta), órgano especializado que supervisará la aplicación del Convenio del Consejo de Europa sobre la Acción contra la Trata de Seres Humanos en los países que lo ratifiquen.

Según ha informado el Consejo de Europa, el Convenio sobre la Acción contra la Trata de Seres Humanos entrará en vigor el 1 de febrero de 2008 y hasta ahora lo han ratificado Albania, Austria, Bulgaria, Croacia, Chipre, Dinamarca, Georgia, Moldavia, Rumanía y Eslovaquia, países que, por lo tanto, estarán sujetos a Greta.

En una conferencia celebrada estos días en Estrasburgo para determinar el contenido, los criterios de selección de los miembros y los métodos de trabajo de Greta, la secretaria general adjunta del Consejo de Europa, Maud de Boer-Buquicchio, animó a otros Estados y a la Unión Europea a ratificar la convención.

"El control adecuado es indispensable para la eficacia, credibilidad e impacto de nuestros instrumentos legales", continuó de Boer-Buquicchio, quien añadió que "el procedimiento de elección de los futuros miembros de Greta debe garantizar su capacidad, independencia e imparcialidad".

En este sentido, el Consejo de Europa informa de que los miembros de Greta actuarán en su capacidad individual y serán elegidos por un periodo de cuatro años entre expertos que se distingan por su reconocida categoría moral en el campo de los Derechos Humanos, la asistencia y la protección de las víctimas y la acción contra la trata.

Greta se creará en el periodo de un año tras la entrada en vigor del Convenio y llevará a cabo su trabajo en rondas de países, tal como hace el Comité Asesor de las Minorías. Definirá sus propios métodos de evaluación, por ejemplo, el empleo de cuestionarios dirigidos a las autoridades nacionales o la obtención de información de la sociedad civil.

Podrá organizar visitas a cada país para preparar sus informes sobre la aplicación de la Convención y hacer recomendaciones sobre cómo los estados deberían afrontar los problemas detectados.

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