Las administraciones se comprometen a colaborar con las organizaciones agrarias para crear espacios dignos, mientras que los ayuntamientos colaborarán para recabar las necesidades de mano de obra de los empresarios de sus zonas.
La sede de la Delegación del Gobierno en Extremadura acogió ayer la primera reunión de trabajo entre el Gobierno de España, la Junta de Extremadura y los municipios para analizar las condiciones de trabajo de los inmigrantes durante la campaña agrícola del 2008, en la que las tres partes se comprometieron a velar porque los contratos sean "legales".
Según informó la Delegación del Gobierno en nota de prensa, sobre todo, se ha tratado la situación de los ciudadanos provenientes de Rumanía, europeos con permiso de residencia que acuden a España para participar en la recogida de la uva, la aceituna, la fruta y los ajos, como cultivos fundamentales.
Durante la reunión, a la que asistieron la delegada del Gobierno, Carmen Pereira, acompañada por los subdelegados de Cáceres y Badajoz, la consejera de Igualdad y Empleo, Pilar Lucio, y los alcaldes de Arroyo de San Serván y Santa Marta de los Barros, así como los tenientes de alcalde de Almendralejo, Villanueva de la Serena y La Albuera, se analizaron la situación actual en la que se dan acampadas y contratación irregular de trabajadores.
Al término, la delegada del Gobierno indicó que todas las administraciones están convencidas de que la inmigración debe ser "legal" y las contrataciones "regulares".
"Las tres administraciones (central, autonómica y local) colaboraremos, dentro de la competencia de cada una, con las organizaciones agrarias y los empresarios para habilitar espacios dignos donde, los que vengan a trabajar con un contrato en regla, puedan residir", sentenció la delegada.
De acuerdo con la legislación autonómica y las ordenanzas municipales no se permitirá las acampadas que no reúnan las condiciones higienico-sanitarias adecuadas.
En este sentido subrayó que se continuará durante próximas fechas profundizando en la colaboración para establecer en las poblaciones que así lo precisen espacios dignos.
Según la consejera de Igualdad y Empleo "dependiendo del tipo de cultivo, se pueden contemplar albergues dispersos por distintas zonas y se pueden arbitrar ayudas a los empresarios para que puedan dar cobijo a los trabajadores que vengan en temporada".
Pilar Lucio continua añadiendo que "la obligación de dar residencia a los trabajadores es de los empresarios, pero la administración se compromete a colaborar.
Otra de las propuestas que se extrae de la reunión es el compromiso de los alcaldes de realizar en cada pueblo un estudio para que se pueda saber las necesidades de mano de obra que realmente tienen los empresarios.
Aunque la obligación de prever los trabajadores que se van a necesitar durante las campañas es de las organizaciones agrarias, como así lo comprometieron en los acuerdos firmados con la Secretaría de Estado de Inmigración, los ayuntamientos van a colaborar en recabar esa información.
Así, el alcalde de Arroyo de San Serván, Juan Moreno, afirmó que los municipios colaborarán en facilitar los datos con las necesidades que tengan los empresarios de trabajadores.
"Los pediremos a las cooperativas o los enlaces sindicales agrarios para conocer de primera mano las necesidades de trabajadores y después se pondrá en conocimiento de la Consejería o la Delegación para que se pueda atender la demanda", añadió.
Para el primer edil, el papel de los ayuntamientos debe ser el de aportar y apoyar a las otras administraciones y a los empresarios.
"Los empresarios deben llevar la batuta. Está claro que este tipo de contrato debe llevar aparejada la residencia del trabajador, pero nosotros vamos a apoyar la acogida de estas personas", concluyó.
Cargando ...
Los comentarios están cerrados.