El presidente francés, Nicolas Sarkozy, asumió ayer personalmente la defensa de la reforma de los regímenes especiales de jubilación, con la que el Gobierno quiere poner fin al privilegio del que gozan 1,6 millones de franceses, al recibir en el Elíseo a los cuatro dirigentes de las empresas estatales afectadas por la huelga del transporte público que comenzó ayer en la red de ferrocarril y sigue mañana en la red urbana e interurbana de París.
El encuentro, al que asisten los responsables de la Sociedad Nacional de Ferrocarril (SNCF), la Red de Transportes de París (RATP), Gas de Francia (GDF) y Electricidad de Francia (EDF), tiene lugar en presencia del primer ministro francés, François Fillon, del titular de Trabajo, Xavier Bertrand, y del Secretario de Estado de Transportes, Dominique Bussereau.
La reunión, anunciada pocas horas antes del inicio de un paro que se prevé duro porque los sindicatos han apelado a una huelga prorrogable, estará centrada en la reforma de los regímenes especiales de jubilación, que ya sacó a la calle a los asalariados del sector público el pasado 18 de octubre y paralizó Francia durante 24 horas.
En aquel momento, las organizaciones sindicales contaron con un fuerte respaldo entre sus filas pero, aun así, los conductores de tren lograron romper la unidad sindical pactando con la SNCF unas condiciones especiales de jubilación.
Ahora, los sindicatos son conscientes de los riesgos que entraña este nuevo desafío y de que el éxito de la huelga de mañana podría ser un regalo envenenado si el Gobierno permanece impasible y no cambia en nada la letra de la reforma.
Tampoco tienen los sindicatos un apoyo entusiasta de la opinión pública porque los últimos sondeos indican que más de la mitad de los franceses, el 55%, ve "injustificada" la protesta y casi un 60% confiesa estar más cerca de las tesis de Sarkozy que de las de los trabajadores del transporte público.
Sarkozy se sitúa además en primera línea para sacar adelante su plan reformista pese al reto lanzado por los sindicatos, una reforma que ayer volvió a defender en Estrasburgo al garantizar que está dispuesto a llevarla adelante "con determinación y sangre fría".
"Los franceses las han aprobado, lo he dicho todo antes de las elecciones y por eso llevaré estas reformas a su fin. Nada me desviará de mis objetivos y es el mejor servicio que Francia puede hacer a Europa", dijo.
Por su parte, el primer ministro, François Fillon, recordó ayer en la Asamblea nacional que el Gobierno negocia desde hace dos meses con las organizaciones sindicales y que "no renunciará a poner en marcha los principios" de la reforma.
"Cada uno debe de asumir sus responsabilidades. Mi Gobierno asumirá las suyas. No transigirá en los principios. La puerta del diálogo seguirá permanentemente abierta. El Gobierno hará simplemente lo que debe", dijo ante los diputados.
NEGOCIAR EN LAS EMPRESAS.
Para agotar la vía del diálogo, el ministro de Trabajo, Xavier Bertrand, se ha reunido con el secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Bernard Thibault, quien se habría mostrado dispuesto a "negociar en las empresas" el régimen especial de jubilación, según France-Info. Se trataría así de un avance, dado que hasta ahora los sindicatos reivindicaban una negociación global.
El Gobierno no cederá, pues, en lo esencial con el argumento, apoyado por no pocos franceses, de que no es justo que 25 millones de trabajadores coticen 40 años y 500.000 no lo hagan más que 37 años y medio. Ofrece a cambio negociar una puesta en marcha progresiva de la medida, suavizar las condiciones de las pérdidas de remuneración y abrir negociaciones sobre el final de la carrera profesional.
Los afectados por la reforma son 1,6 millones de franceses (500.000 en activo y 1,1 jubilados), básicamente trabajadores del ferrocarril, de la red de transportes de París, Electridad de Francia, Gas de Francia, la Comedia francesa, los pasantes y los notarios.
Los beneficiarios de estos regímenes especiales cotizan 37,5 años para poder jubilarse con el cien por cien y el Gobierno quiere elevar hasta los 40 años el tiempo de cotización, una medida que entraría en vigor a partir del 1 de julio de 2008, de manera progresiva.
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