El Parlamento Europeo criticó ayer que los salarios mínimos en algunos países de la UE está fijado a un nivel "muy bajo" y pidió en todos los Estados miembros uno que sea "digno", según se indica en un informe parlamentario que rechaza el recurrente argumento sobre las posibles consecuencias negativas para la creación de empleo.
En una informe que pide a los países de la UE "mayores esfuerzos para combatir la pobreza y la exclusión social", la Eurocámara apostó por establecer "un salario mínimo digno" en todos los Estados miembros que permita que el trabajo sea "viable desde el punto de vista financiero". Aunque no da cifras, el texto constata que en muchos países de la UE dicho salario mínimo está fijado en un nivel "muy bajo".
Asimismo, los eurodiputados rechazaron el argumento de que "la instauración de un salario mínimo disuade la creación de empleo por parte de los empresarios" y consideraron "vital" que los trabajadores puedan acceder a "una red de seguridad que les garantice unos ingresos mínimos".
Con motivo de la declaración de 2010 como Año Europeo de la lucha contra la pobreza y la exclusión social, el informe recuerda que éstos son "valores básicos" de la UE, que también consagra "los derechos fundamentales de todas las personas, independientemente de su origen étnico, edad, sexo, discapacidad, orientación sexual y religión".
Por el contrario, apunta que 78 millones de europeos viven por debajo del umbral de la pobreza, que en la UE hay un 8% de trabajadores pobres y que en muchos Estados miembros la brecha entre ricos y pobres va en aumento.
El informe se detiene especialmente en la "situación de explotación" que padecen muchos trabajadores inmigrantes que residen de manera ilegal en la UE. Los eurodiputados coinciden con la Comisión Europea en aplicar sanciones a los empresarios que contraten a residentes ilegales. Piden a los gobiernos que se impliquen más implicación para prevenir la explotación de los trabajadores vulnerables por parte de las mafias y les insta a firmar y ratificar la Convención sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares.
Por otra parte, destaca la estrecha relación existente entre pobreza y delincuencia y, a la inversa, el encarcelamiento suele derivar en exclusión social y desempleo si no va a acompañado de un adecuado sistema de rehabilitación.
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