Siete funcionarios para controlar a 26.000. No existe nada parecido a un sistema de inspección permanente o auditorías internas periódicas en el Ayuntamiento de Madrid, el más grande de España (como tampoco existe en otras grandes ciudades). Sólo siete personas integran la Inspección de Servicios y se encargan de controlar que sus 26.000 compañeros de plantilla hagan un trabajo ágil, eficaz y, sobre todo, limpio. En Madrid se ha destapado este mes la mayor red de corrupción municipal de su historia. No ha salpicado, por el momento, a ningún responsable político, pero los funcionarios corruptos lo han tenido fácil para delinquir durante años: nadie los estaba vigilando.
Ni siquiera los siete miembros del departamento de Inspección de Servicios tienen esa función preventiva. Su cometido se limita a investigar y resolver las denuncias que cada año llegan sobre cinco supuestos: falta continuada al puesto de trabajo, incompatibilidades, acusaciones por acoso laboral o sexual, contratos que la oposición considera adjudicados de forma irregular y denuncias de particulares sobre actitudes supuestamente ilícitas de funcionarios.
El año pasado, estos siete inspectores tramitaron 344 expedientes: 261 por faltas leves y 83 por otras graves o muy graves. La "inmensa mayoría" de las denuncias fue archivada, el resto dio lugar a sanción administrativa. Ninguna llegó a los tribunales, porque no se hallaron indicios de delito, según fuentes municipales. "Las denuncias de particulares son pocas, y muchas son anónimas o sin pruebas", alegan desde el Consistorio.
Lo que no existe es un control de calidad permanente, un cuerpo de inspectores que haga auditorías -de oficio, sin necesidad de denuncia previa- cada cierto tiempo; o un mecanismo informático que haga saltar la alarma cuando un expediente, por ejemplo de concesión de una licencia, se eterniza en algún despacho. Si nadie denuncia, no hay control.
Los trabajadores municipales -al menos 16- imputados en la Operación Guateque están acusados de cobrar comisiones de miles de euros a empresarios de la capital a cambio de agilizar las licencias de apertura de sus locales o de retrasar expedientes de sanción abiertos contra ellos. Tres de los funcionarios implicados están ya en prisión.
El alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón (PP), ha subrayado estos días que ningún concejal o cargo político de su gobierno está implicado en la trama, y concluye por ello que no existe "responsabilidad política". De la otra responsabilidad política, la de poner los medios para intentar prevenir el delito, no ha hablado.
"Es cierto que no hay un sistema de inspección permanente, pero no sólo en el Ayuntamiento de Madrid: tampoco en la mayoría, por no decir en ninguno, de los ayuntamientos y comunidades autónomas. Organismos estatales como la Agencia Tributaria y la Seguridad Social sí tienen implantados esos mecanismos, pero las administraciones locales aún deben modernizarse mucho", argumenta Juan Bravo, concejal de Hacienda y Administración Pública.El concejal Juan Bravo subraya que el Ayuntamiento sí ha tomado en los últimos cuatro años medidas para desenmarañar los procedimientos administrativos, agilizar la concesión de licencias e imponer racionalidad en los trámites, y que eso, indirectamente, debería repercutir en la lucha contra la corrupción. "Si todos los trámites administrativos van más rápido, es más difícil que un funcionario chantajee a un empresario por agilizarlos", explica Bravo.
Cuando el equipo de Ruiz-Gallardón llegó al gobierno municipal, en junio de 2003, se trajo consigo un pequeño ejército de cargos de confianza, que colocó al frente de departamentos y áreas clave del Ayuntamiento. Aquello, que algunos llamaron "el desembarco de los 100" -en realidad eran casi 150 los cargos de nueva creación, aunque algunos atendían a los distintos grupos municipales- dio lugar a una de las polémicas más sonadas del inicio del mandato: PSOE e IU acusaron al PP de despreciar el trabajo de los funcionarios municipales, de apartar o ningunear a trabajadores que llevaban allí toda la vida para poner en su lugar a personas de confianza del alcalde.
"Si aquello generó rechazo y fue utilizado por la oposición para atacar al gobierno municipal, ¿qué habría pasado si hubiéramos llevado a cabo una reforma radical de la organización y los procedimientos administrativos del Ayuntamiento? Quizá habríamos sido acusados de caza de brujas o algo así. Y en ningún momento quisimos eso: la inmensa mayoría de los funcionarios son honestos y profesionales", se defiende un alto cargo del equipo de Ruiz-Gallardón.
Así que, por falta de voluntad o por miedo a la bronca sindical y política, el alcalde no hizo nada en su primer mandato para instaurar mecanismos de control que penetraran en las vísceras del Ayuntamiento y detectasen posibles casos de corrupción. Al final ha sido la denuncia de un particular y la acción decidida de un juez lo que ha dado lugar a la mayor operación contra la corrupción desarrollada en la capital de España.
Son ya 37 las personas investigadas, entre funcionarios, empresarios e intermediarios de la trama delictiva. Hay al menos 16 trabajadores municipales imputados, y en las conversaciones pinchadas se les oye festejar abiertamente las mordidas cobradas a decenas de locales.
De la magnitud de la operación da idea la comparación con lo sucedido en años anteriores: en el último cuarto de siglo, desde 1984, el Ayuntamiento abrió 30 expedientes a funcionarios por sospechas de corrupción. Tres fueron condenados por los jueces, otros tres están a la espera de sentencia y 12 recibieron sanciones disciplinarias. El resto de los casos fue archivado.
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