El Gobierno informará antes de fin de año del balance del Estatuto del Autónomo y actualizará el RETA

Los grupos parlamentarios de PSOE y CiU en el Congreso de los Diputados pactaron ayer impulsar una moción la que se pide al Gobierno que presente un informe antes de fin de legislatura sobre la ejecución de las previsiones del Estatuto del Trabajo Autónomo, en vigor desde el pasado 12 de octubre, y que impulse la actualización del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

Según se informó en fuentes parlamentarias, el mencionado informe deberá incluir detalles sobre los hijos menores de 30 años contratados por trabajadores autónomos, así como las prestaciones económicas de riesgo tanto durante el embarazo como durante la lactancia, y en los casos de maternidad y paternidad. Además, precisará el número de trabajadores autónomos que se hayan beneficiado de bonificaciones en sus cotizaciones sociales.

Respecto a la actualización del RETA, la moción insiste en que se resuelvan los problemas relativos a la flexibilización de los mecanismos de elección de base de cotización y de cobertura por contingencias profesionales incluidas en el mismo para evitar que los trabajadores tengan que esperar hasta el 1 de enero del año siguiente para que surta efecto.

CAPITALIZACIÓN DE PRESTACIÓN POR DESEMPLEO

Además, se pedirá al Ejecutivo que amplíe la capitalización de la prestación por desempleo en un pago único para el inicio de actividades por cuenta propia, de acuerdo con los resultados de los estudios emprendidos por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, dirigidos a analizar el funcionamiento de este programa.

Además, se procederá a una revisión y actualización de la normativa vigente, que data de 1985, para que quede regulado de manera "más precisa y efectiva", y se proceda a elevar de la "forma más relevante posible" el porcentaje actual de capitalización.

Por último, se solicita al Gobierno que, antes de final de año, constituya un "grupo de expertos" para que elabore en un plazo máximo de seis meses el concepto de cese de actividad, que sirva de base para la regulación de la protección.