El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer definitivamente el proyecto de Ley para la regulación de las Empresas de Inserción, tras rechazar varias de las enmiendas introducidas por los grupos, principalmente CiU, en su paso por el Senado.
La iniciativa legislativa, que fue lanzada en junio por el Consejo de Ministros y cuenta ya con el dictamen del Consejo Económico y Social (CES), se centra en aquellas empresas que se dedican a contratar a excluidos sociales con el objeto de que, una vez aplicadas medidas sociales y de adaptación profesional, puedan emplearse en el mercado laboral ordinario.
En las enmiendas incorporadas en el trámite de Senado se introdujeron varias mejoras técnicas para ahondar en el reconocimiento de la competencia de las comunidades autónomas e incorporando a los colectivos en situación de exclusión social los procedentes de servicios de prevención e inserción social de Ceuta y Melilla.
CRÍTICAS DEL PSOE A CIU
El diputado socialista Xavier Charro criticó duramente durante su intervención, algunas de las enmiendas que CiU logró aprobar en el Senado y que ayer fueron rechazadas por la Cámara Baja ya que, a su juicio, pretendían 'recortar derechos a los trabajadores de las empresas de inserción, precisamente a personas con problemas de integración social y laboral que necesitan en todo caso niveles de protección mayor'.
Carro se centró en la 'pretensión' de CIU de suprimir el derecho de los trabajadores de las empresas de inserción a percibir una compensación económica a la finalización de su contrato temporal equivalente a 12 días de salario por año, ya que, según señaló, convertiría a estos trabajos 'en los únicos excluidos dentro de todo el abanico de posibilidades de contratación laboral existente'.
CIU RECLAMA AYUDAS FISCALES
Por su parte, el Portavoz de Trabajo y Asuntos Sociales de CiU, Carles Campuzano, se congratuló de la aprobación de esta regulación que CiU lleva 12 años reivindicando en la medida que representa un 'instrumento de lucha contra la fractura social y de lucha contra la exclusión social' y facilitará oportunidades de empleo 'a quien ha quedado excluido del mercado laboral'.
No obstante, lamentó que el texto no incluya una 'apuesta más decidida' por impulsar ayudas fiscales para favorecer las empresas de inserción y en este sentido, lamentó que la Ley no incluya más bonificaciones fiscales de apoyo a estas iniciativas de inserción.
REINVERTIR EL 80% DE LOS BENEFICIOS EN PRODUCTIVIDAD E INVERSIÓN
Las nueva ley estipula que las empresas de inserción deberán estar promovidas y participadas por entidades promotoras al menos en un 51% del capital social, así como mantener un porcentaje de trabajadores en proceso de inserción del 30% de la plantilla durante los tres primeros años y del 50% a partir del cuarto. Además, deberán reinvertir al menos el 80% de los resultados en la mejora de sus estructuras productiva y de inserción.
Asimismo, las empresas de inserción y los trabajadores podrán celebrar contratos de trabajo temporal de fomento de empleo, que tienen por objeto la prestación voluntaria de servicios retribuidos por cuenta ajena en una empresa de inserción como parte esencial de un itinerario personalizado, y podrá concertarse por un periodo mínimo de 12 meses y máximo de 3 años.
Por otro lado, podrán concertarse contratos de trabajo de carácter indefinido o duración determinada ajustándose a las modalidades contempladas en la legislación laboral vigente.
La nueva norma busca, asimismo, que la regulación de las empresas de inserción aumente el número de personas excluidas socialmente que serán atendidas en procesos de inserción sociolaboral. Desde el punto de vista de las políticas públicas se trata de sustituir políticas pasivas por activas.
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