La Policía Nacional ha desarticulado en el marco de la operación 'El cañar' una presunta red de inmigración ilegal y ha detenido a sus siete integrantes acusados de defraudar supuestamente a 375 familias ecuatorianas que deseaban viajar España con un contrato de trabajo, según informaron fuentes de la Dirección General de la Policía en un comunicado.
Entre los siete detenidos se encontraba una letrada nacida en Murcia, identificada como María Cristina S.R., de 40 años, acusada de cobrar 'varios miles de euros' a cambio de presentar 'cientos de solicitudes' de trabajo en la Delegación del Gobierno de Murcia 'a sabiendas de que serían denegadas al amparo del catálogo de puestos de trabajo de difícil cobertura', según las fuentes.
Asimismo, fue detenido el marido de la abogada, Luis Mariano H.A., de 49 años, acusado de captar a los estafados, quienes querían viajar hasta España con un contrato de trabajo para ser empleados por la mercantil Páramo Lorente de Orihuela (Alicante), a pesar de que esta empresa no tiene cobertura legal para facilitar estos empleos.
Entre los demás detenidos se encontraban dos de los socios de esta empresa, acusados de encabezar la red de inmigración ilegal, identificados como José Fernando L.F., de 45 años y natural de Orihuela, y Luis Remigio P.R., 'Remigio', de 35 años y nacionalidad ecuatoriana.
La operación comenzó a raíz de unas informaciones llegadas a la Unidad contra Redes, Inmigración Ilegal y Falsedades documentales (UCRIF) de Murcia desde la Delegación del Gobierno, en mayo de 2007, y averiguaron cómo la mercantil Páramo Lorente 'favorecía la inmigración ilegal'.
Mientras la abogada presentaba presuntamente las solicitudes de trabajo en el Área de Trabajo de la Delegación del Gobierno de Murcia, los familiares de los ecuatorianos que deseaban traer a sus familiares a España entregaban a los empresarios detenidos entre 3.000 y 4.000 euros como pago previo, por lo que el fraude osciló entre 600.000 y un millón de euros calculado a la baja.
En este sentido, la Policía Nacional informó que en Ecuador 'hay decenas de víctimas que se han endeudado con prestamistas usureros de la zona para conseguir los 4.000 dólares que desde España les exigían por venir a trabajar los dos socios imputados'.
Los dos socios de la mercantil, supuestos líderes de la banda, tenían un grupo de captadores que les conseguían potenciales clientes ecuatorianos, entre ellos el marido de la letrada, así como Carlos Patricio S.S., de 29 años, Ignacia del Carmen A.P., de 31 años, y Juan Pedro P.R., de 31 años y hermano de 'Remigio', los tres de nacionalidad ecuatoriana.
Los siete detenidos están involucrados en un presunto delito contra los derechos de los trabajadores y contra el derecho de los ciudadanos extranjeros y fraude, ya que la Letrada imputada y los socios encartados no tenían cobertura legal en España para facilitar el empleo cuyas ofertas han presentado en el Área de trabajo de la Delegación del Gobierno de Murcia.
Asimismo, la Policía Nacional dijo que tanto los empresarios como la Letrada y los captadores 'conocen la ilegalidad desde su inicio, ya que saben que la empresa no reúne las condiciones legales para dar cobertura laboral a todos los ciudadanos extranjeros que desearían ubicar en España'.
Como resultado de la operación fue registrado judicialmente el despacho de la letrada murciana, donde los agentes localizaron documentos y efectos considerados 'muy valiosos' por la policía para la investigación, que continúa abierta.
El Juzgado de Instrucción número dos de Murcia abrió diligencias previas y la policía informó que se ha levantado el secreto de las actuaciones judiciales, por lo que las victimas y sus Letrados podrán exigir responsabilidades al grupo detenido encartado por la UCRIF.
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