España se colocó ayer a la cabeza del reconocimiento internacional de los discapacitados, al depositar en la sede de la ONU los instrumentos de ratificación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de ese colectivo.
Tras un acto encabezado por la vicepresidenta primera del Gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, España se convirtió en el octavo país del mundo que confirma documentalmente la ratificación de la Convención adoptada por la Asamblea General de la ONU en diciembre de 2006.
Fernández de la Vega entregó los instrumentos de ratificación en una breve ceremonia en el edificio de la Secretaría de las Naciones Unidas al subsecretario general para Asuntos Legales de la organización, Larry Johnson.
'Nos sentimos muy orgullosos porque hoy es un día en que se avanza en derechos de ciudadanía, en igualdad y en lo que es el reconocimiento y la integración de las personas que tienen algún tipo de discapacidad', afirmó la vicepresidenta.
Afirmó que el acto de ayer, en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, es 'un primer paso en el reconocimiento de los derechos' de ese colectivo, que debe estar seguido de la puesta en práctica de políticas de plena integración en todos los ámbitos sociales.
Fernández de la Vega también se comprometió a que España promueva la ratificación del documento entre los 110 países que lo han suscrito, pero que todavía no lo han ratificado.
Johnson, a su vez, destacó que la ratificación de la Convención 'muestra de nuevo el compromiso español con los derechos humanos y la justicia social'.
La Convención dota al derecho internacional de un instrumento jurídicamente vinculante para que los gobiernos introduzcan gradualmente cambios en sus legislaciones, con el fin de mejorar y promover los derechos de las personas con discapacidad y, en particular, su acceso a la educación y al empleo.
Al acto asistieron varios representantes de organizaciones españolas que siguieron de cerca la elaboración del documento en la Asamblea General, que llevó cinco años.
'España está muy avanzada en el plano legislativo, pero esta iniciativa ayudará a cambiar la convicción real de que la ayuda a los discapacitados no es una cuestión de benevolencia, sino de derecho', apuntó Luis Cayo Pérez Bueno, secretario general del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad.
Tras el acto de entrega de los instrumentos de ratificación, Fernández de la Vega prosiguió su agenda en la ONU con una intervención en el debate de la Asamblea General de los 105 Estados que forman parte de la Corte Penal Internacional (CPI).
La vicepresidenta reiteró el apoyo de su Gobierno a 'la lucha contra la impunidad', y anunció el aumento a 60.000 euros (unos 88.200 dólares) de la aportación española al fondo fiduciario de las víctimas que gestiona el tribunal.
En su opinión, desde la entrada en funcionamiento hace cinco años de la CPI, ésta 'se ha constituido como pieza fundamental de la efectiva observancia de las normas fundamentales que garantizan la convivencia pacífica'.
Por ello alentó a avanzar hacia una corte universal y una mayor cooperación de los estados con el tribunal, por lo que instó a Sudán a entregar sus dos ciudadanos imputados en La Haya por supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos en Darfur.
La intervención de Fernández de la Vega fue precedida por la del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, quien advirtió de que 'no hay paz sostenible sin justicia'.
'El trabajo de la ONU va de la mano del de la CPI. Nuestra labor por la paz no puede tener éxito sin la suya por la justicia', agregó.
Además de Darfur, la fiscalía de la CPI investiga en la actualidad casos relacionados con conflictos en la República Democrática del Congo, el norte de Uganda y la República Centroafricana.
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