El 10% de los alicantinos necesita recursos de la Administración para atender su discapacidad

Cada día supone enfrentarse a multitud de obstáculos. El 10 por ciento de la población de la provincia sufre algún tipo de discapacidad física o psíquica, lo que significa que cerca de 180.000 personas necesitan recursos de la Administración para poder atender su dependencia. Sin embargo, según denuncian, las ayudas disponibles son claramente insuficientes, y el peso asistencial recae siempre en los familiares: hijos, hermanos, cónyuges…

Las asociaciones que representan a los alicantinos que sufren alguna dependencia han celebrado el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Según Francisco Javier Segura, vicepresidente de Cocemfe (Federación de Asociaciones de Discapacitados Físicos de la Provincia), la eliminación de todo tipo de barreras (laborales, sanitarias, en el ocio…) es imprescindible si se quiere evitar la creación de bolsas de pobreza.

El problema es que alcanzar la igualdad de oportunidades es muy complicado cuando las campañas institucionales que las administraciones lanzan se quedan en muchas ocasiones en propaganda.

Un ejemplo de esta situación se da en la integración laboral. Según los datos recogidos por Cocemfe, sólo el 38 por ciento de los discapacitados tiene un empleo más o menos estable. Las cifras aportadas por CC. OO. no difieren mucho, y mientras que la tasa de empleo se sitúa en el 65 por ciento, en el colectivo de discapacitados baja al 31 por ciento. Tanto Segura como el secretario de Comunicación del sindicato, Salvador Roig, recuerdan que la reserva de empleo no se está cumpliendo y que todavía existe 'mucho recelo' por parte de las empresas a contratar a personas con una dependencia.

Los recursos socio-sanitarios disponibles son insuficientes y para el vicepresidente de Cocemfe, la ayuda a domicilio 'brilla por su ausencia'. Además, no existe ninguna plaza residencial en la provincia destinada a las personas consideradas grandes dependientes. A expensas de que se construya una residencia de Cocemfe en Petrer (el proyecto ha estado varias veces paralizado por enfrentamientos políticos entre el Gobierno central y la Generalitat), las administraciones -según añade- tampoco están previendo los recursos que la sociedad demandará a corto plazo para cubrir las necesidades de las personas mayores.

Y es que un estudio del Instituto Valenciano de Estadística (IVE) muestra que en el año 2010 el colectivo de mayores de 65 años habrá aumentado en más de 36.400 personas hasta alcanzar los 341.268 ancianos en la provincia.

Respecto a la Ley de Dependencia, decepción es el sentimiento que muestran las asociaciones de discapacitados cuando se les pregunta por su aplicación. Una vez más, las disputas y la falta de cuerdo entre el Gobierno (PSOE) y el Consell (PP) están impidiendo aplicar una normativa que se acogió con muchas expectativas.

El vicepresidente de Cocemfe lamenta que la ley no haya sido 'gratuita y pública', ya que se está creando 'un negocio bastante importante' a su alrededor. Para CC. OO., las evaluaciones acumulan mucho retraso y los últimos datos muestran que sólo se ha realizado el informe a 53 personas en la Comunitat. 'Hay bastante decepción entre las asociaciones que no están viendo resultados', asegura Roig.

Todas estas críticas contrastan con el comunicado remitido por la Conselleria de Bienestar Social. El vicepresidente, Juan Cotino, destaca que el número de centros de atención a discapacitados había aumentado en un 134 por ciento desde 1995, cuando el PP accedió a la Generalitat, y el de plazas, en un 126 por ciento. Además, más de 12.000 personas de la Comunitat se están beneficiando de ayudas directas del Consell.