La Asociación de la Prensa de Santa Cruz de Tenerife (APT) ha acordado adherirse al 'Manifiesto ante la precariedad de los Periodistas', suscrito el pasado lunes por la Asociación de la Prensa de Madrid y el Colegio de Periodistas de Cataluña. La decisión ha sido adoptada por la junta directiva de la APT, reunida con carácter extraordinario el pasado miércoles. El contenido del manifiesto será remitido, además, a editores y administraciones públicas, así como a la Inspección de Trabajo, a quienes se apela a tomar decisiones que ayuden a poner fin a esta situación.
Las organizaciones de periodistas que firman este manifiesto alertan sobre la creciente precariedad laboral que perjudica el ejercicio del periodismo en España. El deterioro de las condiciones profesionales de los periodistas afecta a su dignidad y también a la calidad de la información y, por consiguiente, de la democracia.
El periodista no se debe sólo al medio de comunicación en el que trabaja, debe atenerse también al mandato constitucional de ofrecer información veraz a los ciudadanos. Para ejercer esta función el periodista necesita condiciones básicas de dignidad laboral y profesional porque contratos y retribuciones por debajo del umbral de la dignidad, no permiten ejercer un periodismo libre, crítico y riguroso.
El reciente crecimiento de medios en prensa, radio, televisión e Internet amplia las oportunidades de trabajo de los periodistas. Pero muchos puestos de trabajo son precarios y con retribuciones mínimas, lo cual impone un largo y penoso proceso de inserción profesional, desde la titulación hasta lograr un contrato estable. Hay casos lacerantes de jóvenes que dejan una asignatura pendiente para poder continuar en algunas redacciones como becarios con seguro escolar.
La precariedad se manifiesta también en la figura del colaborador, las más de las veces sin contrato, sometido al editor que encarga trabajos a su conveniencia, como perverso y abusivo sistema de méritos para, algún día, obtener un contrato de redactor. La retribución de las colaboraciones suele ser tan arbitraria como escasa.
Hay casos en los que para cobrar las colaboraciones se exige acreditar el alta como autónomo en la Seguridad Social, para lo cual el periodista se da de alta días antes de presentar su factura y de baja poco después, ya que los ingresos por colaboraciones apenas alcanza para pagar la cotización mínima. Y quienes sufren estas anomalías pasan por ellas para, quizá, conseguir un contrato.
Son situaciones que suponen competencia desleal frente a los medios que retribuyen razonablemente el trabajo de los periodistas y que cumplen la normativa laboral. Por eso consideramos que estos medios deberían estar interesados en denunciar y acabar con los abusos.
Cuando estas situaciones de precariedad se alargan conducen al abandono de la profesión, a la frustración de las expectativas de los miles de licenciados que cada año se titulan en las 33 facultades con estudios de periodismo y comunicación en España.
La precariedad no afecta sólo a los periodistas más jóvenes, algunos medios de comunicación reducen costes con la sustitución de periodistas con experiencia y derechos laborales reconocidos, por recién licenciados con más vulnerabilidad laboral y profesional. Las redacciones pierden experiencia y capacidad, lo cual empobrece la calidad de los medios y deteriora la independencia de los periodistas.
Por todo ello "apelamos a los editores para que revisen los procedimientos de contratación y ajusten los contratos de prácticas, becas y los temporales al más exigente cumplimiento de las normas laborales y a una organización leal y profesional de las redacciones". La APT propuso negociar un Acuerdo de Buenas Prácticas Contractuales con los periodistas, que pasaría por un cuadro de honorarios y condiciones mínimas de referencia para becas, contratos en prácticas y colaboradores.
También apelaron a las administraciones públicas para que establezcan como condición de obligado cumplimiento al contratar publicidad, conceder cualquier tipo de subvención u otorgar o renovar licencias, la presentación de una declaración de cumplimiento riguroso de las normas laborales y mercantiles vigentes. Y a la Inspección de Trabajo para que detecte y sancione las malas prácticas laborales en las redacciones.
Las entidades que representan a los periodistas en España reiteraron el llamamiento para que se tome conciencia de que una información de calidad, vital para la democracia, precisa de periodistas que dispongan de unas condiciones laborales dignas y decentes.
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