Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización que se dedicaba al tráfico de personas para su explotación laboral y ha detenido a cuatro personas, de nacionalidad marroquí, que vendían contratos y ofertas de trabajo falsas en empresas creadas para ese fin, según informó el Ministerio de Interior en nota de prensa.
De este modo permitían a ciudadanos extranjeros residentes en sus países de origen obtener autorizaciones de residencia y trabajo que les permitían entrar legalmente en nuestro país. La operación ha sido realizada por la Brigada Central de Redes de Inmigración Ilegal, en colaboración con la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación de Ciudad Real.
Los inmigrantes debían abonar a la organización 3.500 euros por presentar las ofertas de empleo en las Subdelegaciones del Gobierno, y otros 4.500, además de las tasas de afiliación a la Seguridad Social, si la resolución era favorable y conseguían el visado para entrar en España. Se estima que han obtenido unos beneficios aproximados de 1.200.000 euros.
Las investigaciones se iniciaron a mediados del mes de abril de 2007 a raíz de la operación 'Bazar' realizada en la localidad de Puerto Lápice (Ciudad Real).
El Área de Trabajo y Seguridad Social de la Subdelegación de Gobierno en Ciudad Real detectó multitud de solicitudes de residencia y trabajo presentadas a favor de ciudadanos marroquíes por una serie de empresarios autónomos, dedicados a la venta ambulante en mercadillos de las provincias de Ciudad Real y Toledo.
En todas ellas se indicaba un mismo domicilio y, además, en su mayoría, correspondían a empleadores de nacionalidad marroquí que se inscribían como trabajadores autónomos en las Delegaciones de la Seguridad Social de varias provincias españolas.
Las investigaciones se centraron en cuatro personas de nacionalidad marroquí, presuntamente integrantes de un grupo organizado, que desde hace tiempo, estarían promoviendo la inmigración ilegal de ciudadanos marroquíes a España. Para ello, vendían contratos u ofertas de trabajo y periodos de cotización a la seguridad social en empresas que constituían para tales fines.
MODUS OPERANDI
Para lograrlo se inscribían como empresarios en el Régimen General de la Seguridad Social, a pesar de cotizar en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Así obtenían códigos de cuenta de cotización empresarial en diferentes Delegaciones Provinciales de la Tesorería de la Seguridad Social, con la única finalidad de conseguir la capacidad legal y jurídica necesaria para poder solicitar y tramitar numerosas solicitudes de autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena (iniciales o renovadas) a favor de compatriotas suyos.
En la mayoría de los casos coincidía la fecha de alta de la actividad empresarial con la fecha de presentación de las solicitudes de autorizaciones de trabajo, y una vez resueltas éstas por la Autoridad Gubernativa competente, bien de forma positiva o negativa, se producía la baja de la actividad laboral y empresarial.
Presentaban las solicitudes en diferentes provincias para que no fueran denegadas o inadmitidas por los organismos oficiales debido al volumen de las presentadas en cortos periodos de tiempo y a la limitada capacidad laboral y económica de las empresas solicitantes (venta ambulante en mercadillos que no garantizaban la estabilidad de los puestos de trabajo ofertados, ni justificaban la contratación de tanta mano de obra).
Habían presentado solicitudes de regularización de trabajadores extranjeros en las Subdelegaciones de Gobierno de Ávila, Segovia, Ciudad Real, Albacete, Cuenca, Toledo y Madrid.
10.000 EUROS POR LAS GESTIONES
Los detenidos cobraban 3.500 euros por presentar ofertas de empleo en la venta ambulante en mercadillos, en la construcción y en el servicio doméstico para trabajar en sus empresas. Después, si la resolución laboral era favorable, la Subdelegación correspondiente emitía la correspondiente notificación.
Este extremo era comunicado al inmigrante para que solicitase en su país el correspondiente visado en el Consulado español. Una vez recogido el visado se trasladaba a España, y debía abonar a los arrestados otros 4.500 euros, además de las tasas de afiliación a la Seguridad Social. Todo esto, al cabo del año suponía al inmigrante la cantidad aproximada de 10.000 euros.
Mediante este 'modus operandi', esta organización de supuestos empresarios autónomos podría haber favorecido directamente el tráfico ilegal de mano de obra a España por medio de la venta de contratos y ofertas de trabajo 'falsas'. También favorecían la permanencia de los extranjeros residentes en España mediante la venta de contratos de trabajo y de periodos de cotización a la Seguridad Social, que les permitían renovar sus permisos de trabajo.
Además, favorecían la inmigración ilegal mediante la regularización 'en fraude de ley' de numerosos extranjeros que se encuentran residiendo en nuestro territorio irregularmente, evadiendo los mecanismos previstos en la Ley de Extranjería.
Hasta el momento se han localizado en las diferentes Subdelegaciones del Gobierno ciento diecinueve solicitudes de ofertas de trabajo presentadas por los detenidos. Se han practicado dos registros domiciliarios en la localidad de Mora (Toledo) en los que se ha intervenido abundante documentación relacionada con los delitos investigados y que prueban el tráfico ilegal de mano de obra de ciudadanos marroquíes hacia España.
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