El fiscal de la Audiencia Nacional Luis Barroso mantuvo ayer su petición de 18 años y seis meses de cárcel para cada uno de los 'grapo', Fernando Silva Sande e Israel Torralba a los que acusa de haber atentado en el año 2000 contra las sedes de tres Empresas de Trabajo Temporal (ETT) en Madrid.
El juicio, celebrado en la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, comenzó con más de dos horas de retraso debido a la incomparecencia del abogado de Israel Torralba, Juan Manuel Olarrieta. Según informó el abogado de Silva Sande, Andreu García, su colega -con el que había hablado minutos antes- le aseguró que no se le había comunicado la citación, mientras que el juzgado afirmó que sí se le había notificado la hora y la fecha del juicio.
Finalmente, y después de ser avisado, el letrado se presentó en la Audiencia Nacional por lo que se pudo dar comienzo a la vista que arrancó con unas palabras de crítica por parte del juez, Fernando García Nicolás.
'Este tribunal quiere decir que deplora el retraso del inicio del juicio que se debe a causas ajenas al tribunal conocidas por todos y no es cuestión de darles publicidad', declaró el magistrado, quien en varios momentos del juicio pidió excusas por la tardanza a los testigos que comparecieron en el proceso.
Ya el pasado 15 de noviembre se tuvo que suspender este mismo juicio debido a que el acusado Silva Sande renunció a la representación de su letrado, que aquel día era Antonio Segura -su abogado en el caso de Publio Cordón-. En aquel momento Silva Sande explicó al juez que no se le había informado de las razones por las que iba a ser juzgado y que por tanto no tenía obligación de aceptar a ese abogado para esta causa concreta.
Además, aquel día tampoco se presentó el abogado de Israel Torralba lo que provocó la reacción del juez que pidió que se comunicase este hecho ante el colegio de abogados. Por su parte, García Nicolás concedió un plazo de tres días a Silva Sande para elegir a otro abogado de su confianza antes de la nueva señalación del juicio.
Ya en los interrogatorios, Silva Sande -que el jueves fue condenado a 28 años de cárcel por el secuestro de Publio Cordón- contestó tanto a las preguntas del fiscal como a las preguntas de su defensa desvinculándose por completó de los hechos por los que se le acusa. En ese sentido, afirmó que en el momento en el que se produjeron las explosiones contra las ETT's él ya no pertenecía a la banda terrorista y añadió que durante ese año 2000 tenía su residencia en París y no viajó en ningún momento a España.
'ASUMO TODAS LAS ACCIONES'
Distintas fueron las explicaciones ofrecidas por el otro acusado Israel Torralba, quien aseguró asumir 'todas las acciones' de la banda. 'Estas acciones contra la explotación laboral ya fueron reivindicadas por los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO) y yo, en el momento en el que entro a militar en sus filas, asumo todas sus acciones porque estas no las hace solo una persona sino que las hace toda la organización', dijo el preso, quien no llegó admitir su participación directa en estos hechos concretos.
Torralba declinó ofrecer ningún detalle sobre la perpetración de los atentados ya que, según dijo, 'es secreto en la organización', al tiempo que argumentó unas declaraciones autoinculpatorios anteriores que realizó a la policía afirmando que 'como ya sabía que estaba condenado a cadena perpetua, me daba igual comerme más o menos'.
En el escrito de acusación del fiscal se acusa a Silva Sande de suministrar el material necesario para el atentado, y en concreto los ingredientes del explosivo habitualmente utilizados por la banda Pentrita y Termitas encontrados entre el material incautado en noviembre del año 2000 en el domicilio que el ex dirigente de los GRAPO tenía en París.
No obstante, los peritos que comparecieron en la vista aseguraron que su función se limitó a cotejar que los explosivos incautados en el domicilio de Silva Sande e incluidos en informes realizados por otros agentes son los que habitualmente utiliza la banda terrorista. En ese sentido, y ante las preguntas de la defensa, una de los peritos negó que estuviesen capacitados para asegurar si esos explosivos fueron realmente incautados en el domicilio de Silva.
El juicio, que quedó visto para sentencia, transcurrió con rapidez debido a que las partes renunciaron a varios de sus testigos, terminó con un encontronazo verbal entre Torralba y el juez cuado el preso empleo su derecho a la ultima palabra para cargar contra las empresas que explotan a miles de españoles.
En ese momento, el juez le interrumpió diciéndole que no era el momento 'para charlas políticas' a lo que el 'grapo' en un tono airado espetó '¡mientras haya terrorismo de Estado habrá lucha armada!'.
CRONOLOGÍA DEL ATENTADO
Según el Ministerio Público, el 10 de junio de 2000 Israel Torralba activó un aparato explosivo a través de un temporizador de los utilizados entonces por los GRAPO que estalló en la calle Paseo de las Delicias número 30, concretamente en la planta donde tienen sus sedes las Empresas de Trabajo Temporal 'Olsten', 'Staffins Services' y 'Mego Card'.
Por su parte, Silva Sande fue el encargado de suministrar el material necesario para el funcionamiento del artefacto y sus ingredientes. La bomba estaba compuesta de unos 800 gramos de explosivo, siendo 150 gramos de alto explosivo y el resto de carga secundaria.
La deflagración causó numerosos daños materiales pero no se registró ningún herido ya que, en ese momento, no se encontraba nadie trabajando en las empresas afectadas, de lo contrario y según la Fiscalía, los trabajadores podrían haber sufrido graves lesiones e incluso la muerte.
Por todo ello, el ministerio público considera a Torralba responsable del atentado en concepto de autor material, y a Silva Sande, responsable en concepto de cooperador necesario y pide para cada uno de ellos un total de 18 años y seis meses de cárcel.
Cargando ...
Los comentarios están cerrados.