La Diputación ha abonado a los ex diputados forales de la anterior legislatura 299.702 euros en concepto de cesantías. Las indemnizaciones las han cobrado incluso en el caso de que se hayan integrado en la vida laboral, bien en la empresa privada o en la administración. El abono ha sido legal y se ampara en una norma foral aprobada en la legislatura anterior.
Esta situación no se volverá a producir. La polémica que suscitó la denuncia de Aralar sobre el abono de cesantías sin apenas cortapisas llevó al Gobierno foral formado tras las pasadas elecciones de mayo a modificar la norma foral. Previamente, Aralar presentó una proposición de norma para que fuera debatida en el pleno con el fin de anular el texto legal.
La norma se cambió en el Pleno de las Juntas celebrado el pasado 19 de noviembre. A partir de esa fecha, los diputados que dejen su cargo cobrarán cesantías durante un año sólo si están desempleados. Esta situación puede darse, entre otras razones, por la aplicación del régimen de incompatibilidades. La cuantía se reduce a la mitad.
80 por ciento del sueldo
La norma vigente hasta la fecha del pleno señalado, de la que se ha beneficiado el equipo saliente, establecía que los ex miembros del Gobierno percibieran durante un año una pensión mensual equivalente al 80 por ciento de su sueldo. La retribución la podían recibir incluso si pasaban a ocupar otro trabajo y, en consecuencia, percibían otros ingresos.
En la práctica, las ayudas equivalían a 6.524 euros al mes durante un año para el ex diputado general y a 5.525 euros para los antiguos diputados forales.
A partir de la modificación, la percepción se fija en el 40 por ciento del sueldo: 3.262 euros el diputado general y 2.762 los diputados forales. Ahora bien, el cobro de esa cantidad será incompatible con el ejercicio de cualquier cargo público remunerado o con actividades que den origen a un ingreso económico. Es decir, el ex cargo deberá demostrar que está en paro
Sólo dos de los once anteriores diputados del Gobierno encabezado por Joxe Joan Gonzalez de Txabarri han renunciado a sus retribuciones, a pesar de que la mayoría desempeña ya otra profesión remunerada: Rafael Uribarren, que repite en el cargo al frente del Departamento de Desarrollo Rural, y Joaquín Villa. Aralar ha considerado 'especialmente escandaloso' el caso de este último ya que, 'aunque ahora parece que ha renunciado a las cesantías, las ha estado cobrando durante estos meses, a pesar de seguir en la nómina de la Diputación como asesor. Ha cobrado dos sueldos del ente foral'. Aralar ha solicitado que los ex diputados forales devuelvan el dinero cobrado. La Diputación ha señalado que esta medida no parece factible debido a que los abonos se han efectuado basándose en una norma legal.
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