El director general de Economía Social del Ministerio de Trabajo, Juan José Barrera, confirmó ayer que el Gobierno tratará de aprobar "antes de que termine la actual legislatura" un decreto en materia de Responsabilidad Social Corporativa aunque reconoció que "contamos con unos plazos muy justos".
En un encuentro informal organizado por el Club de Excelencia en Sostenibilidad en el Hotel Ritz de Madrid, Barrera recordó los trabajos llevados a cabo por la Mesa de Diálogo Social sobre Responsabilidad Social de las Empresas -compuesta por miembros de CEOE, CEPYME y los sindicatos UGT y CCOO- que culminaron con la elaboración del documento 'La Responsabilidad Social de las Empresas. Diálogo Social'.
Este texto establece una conclusión final que coincide con la ya defendida por la Subcomisión de RSC del Congreso de los Diputados y el Foro de Expertos del Ministerio de Trabajo: la creación de un Consejo Estatal de RSE que asesore al Gobierno en esta materia.
Ya en 2005, la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Diálogo Social consideró que, dentro de la orientación que debería tener la economía española hacia un modelo de crecimiento estable y sostenido, la RSE debería ser considerada dentro del marco de la 'Declaración para el Diálogo Social de 2004'.
A partir de esta decisión, el Gobierno, y las organizaciones empresariales y sindicales decidieron incorporar la materia al temario de la agenda del Diálogo Social, constituyendo hace más de dos años un grupo de trabajo específico que inició sus trabajos en marzo del presente año, con un proceso de elaboración de propuestas que pudieran concluir en un documento de acuerdos con el fin de impulsar y difundir las prácticas de RSE en España.
El trabajo desarrollado durante este tiempo ha permitido culminar este documento conjunto aprobado por la Mesa de Diálogo Social sobre esta materia que contempla dos grandes capítulos: uno relativo al concepto y ámbito de la RSE, y otro a las políticas públicas. En este sentido, los interlocutores sociales señalan el alcance y definen el concepto de RSE, incluyendo las premisas, objetivos y los principios generales de la responsabilidad social de las empresas.
Asimismo, y en relación a las políticas públicas, se recogen diez propuestas que contemplan la mejora del conocimiento de la RSE; su vinculación a los factores de competitividad, a la creación de empleo y a la cohesión social y el medio ambiente; así como al análisis y difusión de buenas prácticas; al consumo responsable; a la promoción de las capacidades y competencias de los interlocutores sociales; o a la modernización y adaptación de las relaciones laborales.
Además, este decálogo de recomendaciones se refieren al fomento del desarrollo sostenible y al estímulo a las empresas para la elaboración de informes de RSE y su fomento en el ámbito de las pymes.
Finalmente, el documento concluye con una última propuesta; la referida a la creación de este Consejo de RSE -ya recomendado por la Subcomisión parlamentaria de RSE y el Foro de Expertos convocado por el MTAS-, compuesto por las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, representantes de organizaciones no gubernamentales y las propias Administraciones públicas.
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