Una ley que sanciona a los empresarios que contraten a trabajadores indocumentados entró ayer en vigor en Arizona, aunque sus efectos empezaron a sentirse con los despidos anticipados de empresas que temían ser sancionadas desde el martes.
La norma, considerada una de las leyes anti-inmigrantes más duras del país, establece que las firmas que contraten a indocumentados sufrirán la suspensión de su licencia de negocios durante diez días en la primera infracción. Si se repite, perderán el permiso de forma permanente.
Los efectos de esta nueva ley comenzaron a sentirse en Arizona incluso antes de su entrada en vigencia, pues algunas compañías empezaron a despedir a trabajadores para no exponerse a ser sancionados.
Se calcula que en ese estado fronterizo con México viven medio millón de trabajadores sin papeles, de una población total de 6,2 millones de personas.
Los inmigrantes clandestinos trabajan especialmente en la agricultura, la construcción, la jardinería, la industria textil y la hospedería.
Algunos economistas predicen que los precios en esos sectores subirán, por la reducción de la fuerza laboral, y que algunas empresas decidirán operar en otros estados que no tienen leyes tan estrictas respecto a la inmigración.
La mitad de las lechugas de invierno crecen en la región de Yuma, por ejemplo, en campos en los que trabajan mayoritariamente mexicanos.
La Cámara de Comercio, la mayor asociación empresarial del país, y organizaciones de inmigrantes se oponen a la ley, conocida como HB2779.
En cambio, los partidarios del endurecimiento de las leyes contra los trabajadores indocumentados han minimizado sus posibles efectos negativos sobre la economía y mantienen que la supresión del imán de los trabajos acabará con la inmigración ilegal.
Además, afirman que forzará a los extranjeros a irse del estado, lo que reducirá los costos de salud, justicia y educación que suponen para el erario público.
La norma, que fue aprobada por la legislatura estatal y suscrita por la gobernadora demócrata Janet Napolitano en julio, obliga a los empresarios a verificar el estatus migratorio de sus empleados en la base de datos de un programa piloto del Gobierno federal conocido como 'E-verify'.
No obstante, ese sistema ha registrado un alto número de errores, según ha constatado la Oficina de Supervisión del Gobierno (GAO, en inglés), una agencia autónoma.
Asociaciones empresariales y cívicas han acudido a los tribunales para demandar la suspensión de la norma al considerarla inconstitucional.
La próxima audiencia sobre el tema tendrá lugar el 16 de junio. En ella los demandantes alegarán que la ley hará que las empresas prefieran no contratar a personas con acentos extranjeros o apariencia hispana para no arriesgarse a ser multados.
Además, un informe divulgado recientemente por la Cámara de Comercio, la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas y la Asociación Nacional de Contratistas de Tejados denuncia una larga lista de perjuicios adicionales.
Su autor, Peter Creticos, señaló, por ejemplo, que en Tulsa ya se han elevado los costos de ciertos trabajos, debido a la reducción de trabajadores disponibles, que ha obligado a algunos contratistas a reducir en un 40 por ciento sus cuadrillas.
La norma también ha creado inquietud entre los bancos, algunos de los cuales han expresado temor de prestar a empresas cuya licencia pueda ser revocada, por lo que es posible que endurezcan las condiciones de los créditos, advirtió Creticos.
Cargando ...
Los comentarios están cerrados.