La organización de este congreso responde, según indica el propio Consejo General de Graduados Sociales, a la necesidad de «establecer lazos de unión y de trabajo que reporten un intercambio de información y conocimiento de la vigente normativa en materia laboral, y de llevar a cabo un Congreso sobre Políticas Migratorias y Derechos de los Trabajadores tanto españoles como iberoamericanos».
En ese sentido, el Consejo General de Graduados Sociales considera que la «legislación debe ser utilizada como instrumento exportable que proporcione conocimientos a aquellos países que están en vías de desarrollo». De ahí precisamente que «la colaboración de organismos e instituciones públicas y privadas resulte fundamental para alcanzar los objetivos que se plantean en este Congreso».
Este proyecto cuenta con la colaboración de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Amparo Valcarce, que se materializará próximamente en la firma de un convenio de colaboración donde se asentarán las bases para el correcto desarrollo del citado congreso.
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