El 88,8% de las personas jóvenes con formación profesional de grado superior tiene empleo

El 88,8% de las personas jóvenes con formación profesional de grado superior tiene empleo, según los datos del segundo boletín del Observatorio Joven de Empleo editado por el Consejo de la Juventud de España (CJE).

   Del boletín se desprende que, en los tramos educativos no obligatorios, la tasa de paro es inferior, ya que en Formación Profesional (FP) Grupo Medio la tasa de paro es del 11,45%, en FP Grupo Superior es del 7,35% y con estudios Universitarios es del 8,4%, mientras que el colectivo de personas con estudios primarios tiene una tasa de paro del 23,85%, el de aquellas que han cursado estudios de Secundaria alcanza una tasa de paro del 15,35% y el de las personas que han terminado el Bachillerato, un 13%.

   El boletín desvela también que el nivel de estudios establece diferencias en relación a la temporalidad, ya que el 56,5% de las personas jóvenes con estudios de FP de Grado Superior tienen un contrato indefinido, mientras que esta cifra se reduce hasta el 33,6% para aquéllas que tienen estudios primarios.

   En cuanto a las diferencias entre sexos, la tasa de paro en las personas jóvenes con estudios primarios para los varones es del 17,3% y para las mujeres del 30,4%.

   Por todo, el Consejo de la Juventud de España reivindica la puesta en marcha "inmediata" de políticas que incidan de manera efectiva en la no discriminación y el derecho de igualdad y el fomento de la formación cualificada.

   Para lograrlo, el Consejo propone que se amplíe el gasto en políticas de I+D+I para que la economía española sea cada vez más productiva y que se creen empleos más estables y de calidad, así como que se superen los déficits de formación y cualificación, mediante un sistema eficaz de formación.

   Además, insiste en la importancia de lograr una mayor vigilancia por parte de la Administración y mayor responsabilidad del empresariado en materia de salud y seguridad laboral de los trabajadores y trabajadoras jóvenes para acabar con las altas tasas de siniestralidad.

   Finalmente, exige, entre otras cosas, la garantía de acceso público y gratuito a todos los tramos educativos para todos los ciudadanos, un plan de formación y empleo para los colectivos más desfavorecidos, una mayor coordinación entre los organismos públicos encargados de ofertar la formación a las personas desempleadas, la homogeneización del sistema nacional de cualificaciones y la homologación de estudios de otros países y la adecuación de los puestos de trabajo a las titulaciones, categorías profesionales y salarios.