La Generalitat asumirá, como mínimo, la mitad de los 120 inspectores que tiene el Ministerio de Trabajo en Catalunya gracias al traspaso acordado el jueves entre los ejecutivos central y autonómico. Ambas partes han de evaluar, antes del 30 de junio, el personal y los recursos que incluirá el traspaso, que dejará en manos del Ministerio de Trabajo el control de los fraudes a la Seguridad Social.
El personal transferido al departamento de Treball, que también incluirá una cifra por determinar de los 120 subinspectores de la comunidad, formará parte de una nueva Agencia Catalana de Inspección. Además del control y sanción en materia de empleo y seguridad laboral, la Generalitat también tendrá la inspección de la situación laboral de los inmigrantes en las empresas.
Para evitar visitas duplicadas de los inspectores a las compañías, la Generalitat y el Gobierno central crearán un consorcio de coordinación, según explicó ayer la consellera, Mar Serna, que destacó que el objetivo del traspaso es "mejorar la eficacia de las políticas laborales, que sin la herramienta de la inspección se pueden quedar en humo".
Los acuerdos también incluyen la gestión en algunas oficinas del Servei d'Ocupació de los permisos iniciales de trabajo para extranjeros y un papel decisivo para determinar el cupo anual de contratación de inmigrantes. Serna indicó que hay que reducir el plazo de tramitación del permiso, que puede llegar a seis meses, porque las empresas no pueden esperar tanto tiempo.
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