El consejo de administración de Iberdrola ha aprobado las políticas corporativas previstas en el Código Unificado de Buen Gobierno, incluidos aspectos relacionados con la retribución a altos directivos y con el pago de dividendos a sus accionistas.
En un comunicado, el grupo presidido por Ignacio Sánchez Galán explica que la política aprobada pretende que se identifique a la eléctrica por su compromiso con la creación de valor, el bienestar social y el respeto al medio ambiente.
Las nuevas políticas corporativas, señala, definen con mayor precisión la estructura del grupo, coordinan su estrategia y fijan las bases de la organización corporativa para garantizar su eficiencia y la efectiva supervisión por parte del máximo órgano de gobierno de la compañía.
La eléctrica asegura que los cambios adoptados le convertirán en un referente en materia de gobierno corporativo, e indica que, entre otros aspectos, habrá avances en la comunicación "veraz y transparente" a accionistas y al mercado de la información que sea de su interés, así como en el trato igualitario a los accionistas.
En esta línea, señala, la política de retribuciones de los consejeros incluye los conceptos retributivos y las condiciones básicas de los contratos del presidente y consejero delegado. Al mismo tiempo, el grupo ha adoptado una nueva política de retribuciones de los altos directivos.
Junto a esto, Iberdrola ha establecido una norma para definir y coordinar la organización corporativa, que permitirá aprobar la creación o adquisición de sociedades, garantizar la separación de actividades reguladas y normalizar los posibles conflictos entre compañías, entre otros asuntos.
MEJOR INFORMACIÓN A ACCIONISTAS
También se ha reformulado la política de información a los accionistas y a los mercados sobre los principios de transparencia, veracidad inmediatez y simetría, para que haya información actualizada y útil sobre Iberdrola.
Por otro lado, la política de dividendo ha quedado modificada. Conserva el principio de retribución que vincula el crecimiento del beneficio y del dividendo, y reconoce a los órganos sociales la flexibilidad necesaria para ejecutarla y decidir la periodicidad con la que se abonarán los dividendos y las cantidades a cuenta de los mismos.
Para maximizar y proteger el valor de la compañía, su consejo de administración aprobó además una política de control y gestión de riesgos con vistas a cumplir los objetivos del plan estratégico.
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