CCOO-Andalucía reveló ayer que el 90 por ciento de las infracciones detectadas a la normativa laboral en la contratación de trabajadores inmigrantes se registran en empresas agrícolas integradas en la Asociación Provincial de Empresarios Cosecheros-Exportadores de Productos Hortofrutícolas de Almería (COEXPHAL).
En rueda de prensa, las secretarias regional y provincial de Inmigración y Política Social del sindicato, Rosa Berges e Inmaculada Rodríguez, anunciaron, asimismo, la inminente interposición de dos expedientes sancionadores ante la Inspección de Trabajo contra dos asociados de la organización por presunto "fraude".
En concreto, los servicios de CCOO apuntaron, como práctica habitual del sector agrícola, el despido antes de plazo de los trabajadores contratados en origen o el cambio de empresa para la que fue reclamado, figuras que -subrayaron- contempla la ley pero de las que no informan a la Subdelegación del Gobierno central.
Pese a que, según matizaron, el número de quejas "es altísimo" resaltaron el "miedo" que condicionada la formalización de las denuncias por parte de los inmigrantes, a los que animaron a "darse cuenta y concienciarse de que no tienen porqué aguantar situaciones de abuso".
Entre éstas, destacaron lo "inadecuado" de los alojamientos ofertados a los trabajadores extranjeros, el cobro de salarios por debajo de las tablas estipuladas en convenio, el no reconocimiento de horas extra o la inclusión de fines de semana en el calendario laboral sin retribución a cambio.
Berges, quien calificó estas prácticas como discriminación por origen, contra la que presentó la campaña de ámbito regional emprendida por CCOO, alertó asimismo de la competencia desleal que deriva de estas infracciones para otras empresas del sector, que enfrentan ahorros del 30 por ciento en los costes.
Ambas portavoces sindicales criticaron, asimismo, la actual política de contingentes en contraste con el incremento de la tasa de desempleo en la provincia, más acusado en agricultura -10,96 por ciento-, construcción -14,42 por ciento- y servicios -58,61 por ciento-, todos principales sectores receptores de trabajadores extranjeros.
Al hilo de esto, Fernández insinuó que, detrás de la contratación en origen, podría esconderse el deseo del empresario de "sustituir" al empleado español por otro extranjero "que no conoce sus derechos y está en situación de indefensión", así como el incumplimiento de la normativa que obliga a modificar a fijo discontinúo el contrato de aquellos trabajadores con un antigüedad de dos campañas agrícolas.
La campaña contra la discriminación en origen contará en la provincia con tres equipos de trabajo -uno en exclusiva para la agricultura y otros dos generalistas- que darán asesoramiento jurídico gratuito y visitarán empresas acompañados de mediadores culturales para detectar infracciones.
Extenderá, además, estos nuevos servicios, que sólo se prestaban en la capital y Roquetas de Mar, a los locales del sindicato en los municipios de Vera, Huércal-Overa y El Ejido.
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