Todos los centros que la cadena de recambios y repuestos Aurgi tiene en España se mantienen abiertos y los trabajadores siguen cobrando sus salarios aunque "ya empieza a notarse falta de suministro de piezas".
Así lo declaró ayer a la Agencia EFE el dirigente de política industrial de CCOO Metal, Román Ortega, quien señaló que "de momento todos han cobrado hasta diciembre" a pesar de la falta de liquidez de 28 millones de euros que tiene la compañía según se desprende de la documentación presentada por Aurgi ante el juzgado.
Aurgi fue declarada en suspensión de pagos el pasado mes de diciembre por el juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid a través de un proceso concursal voluntario de acreedores.
En estos momentos los tres administradores concursales nombrados por el juez están analizando la situación económica de la empresa para ver qué salidas tiene la compañía para hacer frente a sus deudas y a las indemnizaciones que tendrían que pagar a sus trabajadores en caso de no recolocación.
El responsable de CCOO Metal, Ramón Ortega, avanzó el viernes que "hay negociaciones con un tercero sobre una posible adquisición de Aurgi o de parte de su compañía como podrían ser sus instalaciones".
En este sentido, dijo que de los 42 centros de trabajo, "hay muchos que son rentables y tienen buena clientela" por lo que podría producirse una "reestructuración".
Según declaró a EFE el presidente del Comité de empresa del centro de Aurgi en Leganés (Madrid), Luis Castro, en esta Comunidad se encuentran la mitad de los centros de trabajo de toda España y las contrataciones "se reparten a la mitad entre fijos y eventuales".
El lunes una representación del Comité de empresa se reunirá con la dirección de Aurgi y la administración concursal para "ver la marcha de esas negociaciones" ya que según Castro hace 20 días el director de la empresa, Antonio López, les dijo que "intentarían salvar parte de los muebles".
La compañía de recambios y de talleres es propiedad de la financiera Ahorro Corporación desde 2004, con una participación del 65,3% del capital, y de la Naviera Marina de Arosa, que es el segundo accionista mayoritario.
El sindicato CCOO denuncia que desde que cambió de manos la compañía española hubo una "mala planificación y una mala gestión" ya que se aumentaron gastos con la instalación de nuevos sistemas de producción.
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