Agentes de la Policía Nacional han detenido a una mujer, de nacionalidad española, que haciéndose pasar por policía estafó a más de 90 inmigrantes, a quienes prometía regularizar su situación ilegal en España a cambio de 3.500 euros, obteniendo unos beneficios de alrededor de 350.000 euros, informó este sábado la Dirección General de la Policía.
La detención se llevó a cabo en el municipio madrileño de Torrejón de Ardoz gracias a una operación desarrollada por la Brigada Central contra las Redes de Inmigración de la Comisaría General de Extranjería y Documentación, en colaboración con la Comisaría Local de Torrejón de Ardoz.
Las investigaciones se remontan a mayo de 2007 a raíz de varias denuncias interpuestas por ciudadanos brasileños en Madrid y en la localidad de Torrejón. En dependencias policiales, las víctimas detallaron que habían sido estafados por una mujer que se hacía pasar por agente de policía. Según su testimonio, esta mujer les había prometido obtener el permiso de residencia, D.N.I., e incluso, conseguir la nacionalidad española, para lo que tenían que abonar una cantidad que oscilaba entre 3.000 y 3.500 euros.
En el marco de la operación, los agentes practicaron un registro en su domicilio, en el que se intervinieron diversos efectos. Entre ellos figuraban fotocopias de las páginas biográficas de los pasaportes de un gran número de ciudadanos extranjeros y fotografías tamaño carné, libretas bancarias, varios cuadernos de notas con teléfonos y datos relacionados con los perjudicados y recibos bancarios recogiendo pagos efectuados por diferentes extranjeros a las cuentas de las implicadas.
Instrucciones
La estafadora aseguraba ser policía y explicaba a las víctimas cuáles eran los pasos que tenían que seguir hasta conseguir la documentación que solicitaban, así como las cantidades de dinero que debían abonar y la forma de efectuar los pagos. Se comprometía a avisarles en un plazo de quince o veinte días, al objeto de que estamparan sus huellas en el impreso correspondiente y hacerles entrega de la documentación.
Una vez que transcurría el plazo, los perjudicados volvían al lugar de la cita para obtener más información sobre el estado en el que se encontraban los trámites. Así, la mujer justificaba el retraso basándose en diferentes excusas, como que dependía de terceras personas, que no habían abonado la totalidad del dinero, que se habían retrasado unos días u otra serie de razones.
Siempre se mostraba muy segura en sus respuestas, teniendo en cuenta el desconocimiento de las víctimas de los mecanismos y trámites de la Administración, y los requisitos exigibles para la obtención de los documentos cuya tramitación le habían pedido, quedaban satisfechos con sus explicaciones. Cuando estos argumentos y excusas no les convencían les amenazaba con expulsarles del país, alegando su condición de "agente de la autoridad", si persistían en sus reclamaciones.
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