Un ciudadano rumano para quien el fiscal pide 12 años de cárcel por facilitar, a cambio de dinero, la introducción clandestina de compatriotas en el país será juzgado el próximo 13 de marzo en Audiencia de Granada tras el aplazamiento del juicio el pasado septiembre por incomparecencia de un testigo.
Según el escrito de la Fiscalía, fruto de la investigación realizada por la Brigada de Extranjería y Documentación de la Comisaría de Motril se pudo detectar la presencia del rumano G.I.G., quien desde finales del 2003 ha venido, de manera continuada, facilitando y favoreciendo el tráfico ilegal y la inmigración clandestina a España de compatriotas rumanos.
La investigación policial puso de manifiesto que el acusado actuaba como persona de contacto en España para numerosos compatriota quienes, desde Rumanía y con la intención de viajar a España, acudían a él para que les facilitara todos los trámites necesarios.
Se trataba de trámites no sólo necesarios para efectuar el viaje sino para, una vez que llegaran a España, solucionar su estancia y poder desarrollar una actividad laboral.
Todo ello previo pago de cantidades que oscilaban desde los 600 a los 1.300 euros, según el grado de ayuda prestada y la vinculación del acusado en la actividad clandestina.
Tras contactar los inmigrantes con el acusado, normalmente vía telefónica, éste ponía en marcha su actividad, organizándoles viajes desde Rumanía a España y recibiendo a los inmigrantes en la estación de llegada, a los que les quitaba el pasaporte, para posteriormente llevarlos a su domicilio, donde los inmigrantes permanecían hasta pagarle la deuda contraída por la gestión del viaje.
En algunos casos, el detenido, a cambio de quedarse con parte del salario que percibían, les gestionaba la búsqueda de trabajos contactando directamente con las empresas de la zona.
El acusado llegó a agredir físicamente a uno de los rumanos extorsionados, golpeándole con un cenicero en la cabeza por el simple hecho de disponer de un teléfono móvil cuando aún no había satisfecho la deuda que mantenía con él.
El Ministerio Fiscal considera que el acusado ha cometido tres delitos contra los Derechos de los Ciudadanos Extranjeros, por los que pide once años de cárcel, así como otro de lesiones, por el que pide un año más de prisión.
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