Los empleados de hogar, en su inmensa mayoría mujeres, seguirán sin tener contrato de trabajo escrito e indefinido ni cubiertos los accidentes laborales ni indemnización por despido ni periodo de prueba. El Gobierno ha renunciado a la reformar, reiteradamente anunciada para 2008, del régimen especial de la Seguridad Social destinado a los trabajadores domésticos. La decisión del Ministerio de Trabajo obedece a las objeciones planteadas por las patronales CEOE y CEPYME. Las organizaciones empresariales consideran que los cambios suponían, entre otros problemas, el fomento de la economía sumergida y la salida del ama de casa del mercado laboral.
A 31 de diciembre había 269.150 afiliados en el régimen especial de Empleados de Hogar. De ellos, un 94% era mujeres y un 60% inmigrantes. El plan diseñado por el Ejecutivo preveía que, alrededor de 2017, el colectivo estaría integrado en el régimen general de asalariados. Además, la relación laboral de estos trabajadores conlleva en la actualidad posibles descuentos salariales por motivos de alojamiento o manutención, circunstancia que lógicamente se mantiene.
El primer anuncio de la frustrada reforma tuvo lugar el 6 de mayo de 2006. Entonces el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, informó que el Ejecutivo apostaba porque la relación laboral de los empleados de hogar dejara de ser especial y se convirtiera en ordinaria. El Ministerio también era consciente de que las pensiones de estos trabajadores son las que más cuestan a la Seguridad Social, puesto que uno de cada dos no cotiza lo suficiente para percibir la jubilación más baja del sistema, establecida anualmente por el Gobierno, y necesita ayuda económica pública, conocida como «complementos de mínimos», para recibir la cuantía fijada. El dinero adicional es financiado, en su inmensa mayoría por las cotizaciones sociales.
Posiciones
Responsables de CEOE y de CCOO coincidieron en señalar que «una reforma tan profunda requiere más estudios». La patronal se opone a «precipitar la conversión de una relación especial en otra común y de una empleada de hogar en casi otra de Ensidesa». Representantes empresariales explicaron que el proyecto encarecía el coste de los hogares al reestructurar las cotizaciones y, dada la incertidumbre económica actual, muchos trabajadores domésticos se verían forzados a pasar a la ilegalidad laboral. Igualmente resaltaron el «peligro» que supondría para las amas de casa, reincorporadas profesionalmente, el no poder pagar a la empleada que atiende sus labores domésticas. «Es decir, el Gobierno iba en contra de la permanencia de la mujer en el mercado de trabajo», añadieron.
Para CCOO, la propuesta «no estaba tan madura como para poder tomar decisiones» porque «no se ha hablado ni trabajado suficiente en el marco del diálogo social (ámbito de negociación y debate entre gobierno, patronales y sindicatos)». «Consideramos correcto tardar más tiempo y llegar a la fórmula adecuada. Además, creemos conveniente vincular esta reforma con la puesta en práctica de la Ley de Dependencia», apuntó uno de sus técnicos, a la vez que hizo hincapié en que la suspensión de la reforma «no es una tragedia» sino «una decisión prudente».
Por su parte, UGT lamentó «la marcha atrás del Ejecutivo» y «la oportunidad perdida». Su dirigente confederal, Jesús Pérez, insistió en que todavía queda tiempo hasta el 9 de marzo (fecha de las elecciones generales) y en que es «el momento oportuno para dignificar el trabajo de las empleadas de hogar».
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