Aunque pudiera llegarse a pensar que la denuncia de pérdida de efectivos en el campo de Castilla y León estaba empezando a sonar a mito, un informe elaborado por la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) en la región echa por tierra cualquier especulación de este tipo y, además, sienta las bases de lo que tiene que empezar a ser una labor inmediata para resolver una situación que podría desembocar en la desaparición de un sector importante de la producción en la comunidad.
Huyendo de la alarma social y la denuncia precipitada, los datos del análisis -cuyas fuentes han bebido de los propios organismos oficiales, como la Seguridad Social- ponen de manifiesto que mientras que en el 2006 el número de profesionales inscritos en la Seguridad Social agraria en Castilla y León ascendía a 52.049 afiliados, a finales del 2007 había bajado hasta los 50.270. Es decir, que en un periodo de tiempo de sólo doce meses se han dado de baja de su actividad laboral 1.779 agricultores y ganaderos de la comunidad, o lo que es lo mismo, que la pérdida se cifra en 4,8 profesionales agrarios al día.
Se trata de una situación generalizada en las nueve provincias de Castilla y León puesto que en todas ellas se ha contabilizado un descenso en el número de efectivos en el último año, según los datos de la Seguridad Social. León, Zamora, Burgos y Salamanca son, por este orden, las provincias que han visto desaparecer un mayor número de profesionales agrarios a título principal, aunque también son las que mayor número de afiliados presentan dentro del mapa de la región. Por el contrario, en Ávila, Soria y Valladolid es donde los descensos han sido más bajos en los últimos doce meses.
El cobro de la PAC
Sin embargo, en este último año, a pesar de haberse producido esa pérdida de efectivos, lo que apenas se ha modificado ha sido el número de beneficiarios de ayudas de la PAC (Política Agraria Común) que en la región se sitúa en torno a las 98.000 solicitudes, es decir, prácticamente la misma cantidad que hace un año, según esas mismas fuentes.
Se trata de un tipo de ayudas cuya financiación procede de la Unión Europea y que reciben los agricultores y ganaderos que siguen manteniendo los derechos históricos que tiene su explotación, a pesar de que en la actualidad pudieran no estar trabajando ellos mismos esas explotaciones.
Esto quiere decir, a juicio de UPA, que 'los verdaderos profesionales del sector agrario cada vez son menos debido a las dificultades en su labor diaria'. De esta forma describen una situación que 'llevamos denunciando desde hace años' y que tiene que desencadenar en una pronta solución, de lo contrario, el final será el abandono.
'La crisis de precios y los altos costes de producción están abocando a los agricultores y ganaderos de nuestra comunidad autónoma a abandonar su actividad -explican-, sin embargo, los beneficiarios de los pagos compensatorios de la PAC se mantienen en los mismos niveles de años anteriores al amparo de los beneficios que les presta la política agraria'.
Macrourbanizaciones
Por otro lado, los datos de pérdida de población en este último año -en provincias donde el medio rural es ciertamente importante como León, Salamanca y Zamora- viene a confirmar también el 'gravísimo problema de despoblamiento' que sufren los municipios rurales, un hecho que la organización agraria se explica 'en gran medida' por las políticas agrarias 'tan erróneas' que se están llevando a cabo.
Están convencidos de que existe 'un escaso apoyo por parte de las administraciones, y muy especialmente, la Junta de Castilla y León' hacia los profesionales del sector para mantener con vida los pueblos, por eso, 'cada vez es más habitual comprobar el desastroso modelo urbanístico que, sin embargo, sí fomenta el Gobierno regional en el medio rural, caracterizado por grandes urbanizaciones con campos de golf incluidos'.
Considerando esta situación, UPA cree que 'sería más lógico y responsable que este desarrollo urbanístico se llevase a cabo en torno a los núcleos de población que ya existen'. De esta forma, confían en que se reduciría 'el grave impacto medioambiental que el desarrollo poblacional produce por que, mientras tanto, miles de viviendas deshabitadas en todos los pueblos de Castilla y León se caen al suelo por falta de conservación y habitabilidad'.
Despoblación
El binomio desaparición de efectivos dentro del sector profesional agrario y gestión urbanística del medio rural da como resultado la inevitable despoblación del campo de Castilla y León. UPA exige por este motivo, que 'tanto el Gobierno autonómico como el central valoren la situación de pérdida de activos que se está produciendo continuamente en el sector agrario'. Existe un progresivo despoblamiento del medio rural 'con la excepción de lo que generan estas macrourbanizaciones en medio del campo, con un alto índice de inseguridad ciudadana, elevadísimos costes en los servicios y un tremendo impacto medioambiental'.
En opinión de UPA, el apoyo institucional a través de los fondos que llegan al medio rural deberá recaer de forma prioritaria en favor de los que desempeñan la actividad agraria de forma profesional y, por lo tanto, de los verdaderos agricultores y ganaderos, potenciando para ello las explotaciones familiares de la comunidad autónoma.
El informe, por tanto, se traduce en denuncia a través de la cual, la organización agraria quiere incidir en lo 'urgente' de poner remedio a la 'grave despoblación' como principal problema del medio rural de Castilla y León. El hecho de que los verdaderos agricultores y ganaderos tengan que abandonar su actividad 'es reflejo de las erróneas políticas agrarias no sólo de Bruselas sino también del Ministerio de Agricultura y de la Junta de Castilla y León, que con especial gravedad siguen obviando los derechos y necesidades de los profesionales del sector agrario que habitan y mantienen vivo el medio rural', sentencia en sus conclusiones el informa de UPA.
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