Más de un centenar de personas se concentró ayer en Barcelona para reivindicar el derecho a la reagrupación familiar de los inmigrantes y al trabajo de los reagrupados, informó a Europa Press la Guardia Urbana de Barcelona.
Bajo el lema 'Trabajar dignamente es un derecho y vivir en familia también', los participantes en el acto –más de 500 según los organizadores– pidieron medidas legales y administrativas para garantizar el derecho de todos los reagrupados a un trabajo digno y a vivir en familia.
En un acto organizado por CC.OO. de Catalunya y por 28 organizaciones de inmigrantes, se puso de manifiesto que, pese a que la reagrupación familiar supone una vía de entrada para los inmigrantes, muchas de estas personas no pueden trabajar de manera regular porque necesitan una autorización que no consiguen debido a la actual legislación y a las trabas administrativas.
Según explicó a Europa Press el secretario de Inmigración de CC.OO., Ghassan Saliba, de las 80.000 personas con permiso de residencia gracias a un proceso de reagrupación familiar, 40.000 están en edad laboral y no pueden trabajar 'por culpa de estas trabas', lo que puede provocar 'marginación y exclusión social'.
Para Saliba, la situación de los jóvenes es especialmente grave, ya que la ley limita el derecho de reagrupación a los 18 años, lo que les obliga a interrumpir sus estudios en sus países de origen. Los jóvenes, además, tienen dificultades para continuarlos en nuestro país y tampoco tienen un permiso que les permita acceder a un trabajo digno.
Por ello, durante la concentración de ayer se reclamó la concesión de permiso de trabajo a las personas con permiso de residencia conseguido a través de un proceso de reagrupación familiar y la desaparición de las 'trabas burocráticas' en la obtención del permiso de trabajo y en la posibilidad de acceder a los servicios públicos de ocupación.
Los participantes en el acto, además, pidieron que se equipare el derecho a la reagrupación de los menores de padres extracomunitarios con la legislación que afecta a los ciudadanos de la Unión Europea –que en estos momentos tienen derecho hasta los 21 años–, y que se implementen medidas para fomentar que los hijos de los inmigrantes continúen sus estudios.
Saliba consideró todas estas medidas 'justas y de sentido común' y explicó que, para conseguirlas, ayer también se hizo un llamamiento a todos los partidos políticos para que centren su campaña electoral en estos temas y no en la provocación de 'elementos de miedo'.
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