El juicio por el primer caso de acoso laboral en la Administración pública en España, contra una jefa del Servicio de Carreteras de Lleida de la Conselleria de Política Territorial, por su trato a una trabajadora entre 1996 y 2005, tiene paralizada una propuesta de sanción de Inspección de Trabajo contra la Generalitat de 40.000 euros, por un ataque a la dignidad de los trabajadores.
Así lo declararon en la vista oral celebrada ayer en el Juzgado Penal número 2 de Lleida las inspectoras que llevaron el caso. Ambas propusieron dos sanciones, una de 5.000 euros y otra de 40.000.
La primera fue revocada por la actual consellera de Trabajo, Mar Serna, en su época de directora de Relaciones Laborales de la Generalitat, con el argumento, entre otros, de que una administración no podía sancionar a otra. La segunda quedó paralizada por la apertura del juicio.
La vista oral comenzó con la declaración de la acusada, Teresa C.E., que desde hace unos meses ya no trabaja en su anterior puesto, aunque sigue trabajando para la misma Conselleria. En su declaración negó haber ordenado a la presunta víctima trabajos de inferior categoría, como los de conserje, ni haberla amenazado con expulsarla. "Todavía no entiendo cómo ha ocurrido esto. ¿Cómo es posible que una persona a la que le he dedicado más que al resto, porque necesitaba más… No lo entiendo", declaró la acusada en el juicio.
La denunciante, B.S.M., que entró con 19 años a trabajar, entonces en el Ministerio de Obras Públicas, y que ha estado de baja durante largos periodos aseguró que le llamaba "tonta", le decía que no servía para nada, le cronometraba el tiempo, le obligó a hacer de conserje y le amenazó con abrirle un expediente, además de obligarle a archivar expedientes muy antiguos.
En su declaración aseguró que le gritaba en la sala de juntas y a puerta cerrada y que en una época le puso un supervisor. "Tú no vales, te voy a cronometrar para que te dé tiempo", aseguró la denunciante que le dijo la acusada. "Tonta inútil, no sirves para nada", dijo también.
Una compañera de trabajo, Montserrat Sierra, aseguró haber escuchado también insultos. "Oí que le insultaba, que le estaba llamando tonta, le decía que por mucho que le enseñara nunca aprendería nada". Sobre los expedientes antiguos a los que hizo referencia la acusada, las inspectoras de trabajo, ahora trasladadas a Cáceres y Asturias, aseguraron que algunos eran tan viejos que se deshacían en las manos.
Antes del juicio, la Fiscalía pedía un año y medio de cárcel y la acusación particular cinco. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, entre 1996 y 2005 Teresa C.E. mantuvo hacia la víctima una actitud continua de "menosprecio y acoso con la finalidad de que abandonara el puesto de trabajo".
La fiscal afirma que en el marco de esta dinámica acosadora obligó a la víctima "a hacer funciones de inferior categoría a la de oficial administrativa, la sobrecargaba de trabajo, así como de críticas hacia el mismo; y la ha intimidado diciéndole que no pararía hasta echarle de allí".
El escrito agrega que a consecuencia de este trato, la oficial administrativa tuvo que pedir la baja en febrero de 2002 por un trastorno de acoso moral y psicológico. La fiscal apunta que aunque después se incorporó a su puesto de trabajo, desde entonces ha pedido bajas en mayo de 2003, en agosto de ese año y en abril de 2004, cuando estuvo de baja hasta enero de 2005. En esa fecha se incorporó, según la fiscal, "persistiendo la acusada en su actitud vejatoria" hacia la administrativa, lo que determinó que la víctima, el 2 de mayo de 2005, presentara una querella contra su jefa.
Declaración de dos médicos
Los primeros médicos que declararon ayer en juicio atribuyeron el estado de depresión que sufre la denunciante al acoso laboral que ha experimentado en el centro de trabajo durante su jornada laboral.
El primer médico que declaró es el psiquiatra de la Seguridad Social que atendió a la denunciante tras ser derivada por su médico de familia, Josep Maria Jové, quien atribuyó el trastorno depresivo de la mujer al trabajo. La segunda médico, la forense del juzgado Rosa Pérez, indicó al juez que la denunciante sufre un cuadro de ansiedad depresivo derivado del acoso psicológico en el entorno laboral por las vejaciones que ha recibido de su superior.
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