El Tribunal de Cuentas ha detectado deficiencias en la coordinación y el cruce de información entre los servicios públicos de empleo a nivel estatal y los órganos competentes de las comunidades autónomas, así como con la Tesorería General de la Seguridad Social en relación con los ingresos procedentes de las rentas mínimas, salarios sociales y similares.
Esta es una de las principales conclusiones recogidas en el informe que acaba de aprobar el organismo fiscalizador, al que tuvo acceso Europa Press, y que fue elaborado a instancias de la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las relaciones con el Tribunal, con el fin de determinar la efectividad del procedimiento de gestión del programa de renta activa de inserción, dirigida a desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo.
FALTA DE CONTROL DEL INEM.
En este sentido, el Tribunal de Cuentas revela que entre la información sobre reintegros de pagos indebidos facilitada por el servicio público de empleo estatal (antiguo Inem) y la remitida por la Tesorería General de a Seguridad Social existe una diferencia de casi cuatro millones de euros, lo que denota, a juicio del organismo fiscalizador, una falta de control adecuado por parte del primero.
La entidad fiscalizadora asegura que debido a la falta de integración, tanto de la renta activa de inserción como de las concedidas por las comunidades, en el Registro de Prestaciones Sociales Públicas, éste no puede dar cumplimiento a su verdadera función de permitir una gestión más eficaz de los recursos públicos.
Por este motivo, el Tribunal recomienda al Gobierno que modifique la actual normativa reguladora del Registro de Prestaciones Sociales Públicas, estableciendo la obligatoriedad de comunicar al mismo la concesión de la prestación económica de renta activa de inserción, para evitar situaciones de incompatibilidad y posibles fraudes.
"ESCASA EFICACIA" DE LA RENTA ACTIVA DE INSERCIÓN.
Asimismo, insta al Ejecutivo a regular por ley la renta activa de inserción, al tratarse de una prestación económica del sistema de la Seguridad Social, para dotar así de mayor estabilidad al mismo y establecer así un "régimen oportuno" de coordinación de compatibilidades entre esta ayudas otras análogas concedidas por las comunidades autónomas.
Por último, el Tribunal constata en su informe la "escasa eficacia" de las políticas de empleo pasivas en el marco del programa de renta activa de inserción a lo largo de 2005 (periodo en el que centra su estudio), cuando sólo el 26% de los de los beneficiarios de estas ayudas suscribieron un contrato laboral.
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