Los representantes sindicales desplegaron ante el conseller todo un listado de peticiones de toda índole. Por ejemplo, en materia económica, reclaman un fondo de reserva del 0,5% de la masa salarial para subsanar la desviación del IPC. También proponen que el salario mínimo de los trabajadores de la administración sea de 1.000 euros, para dar ejemplo al sector privado.
Junto a estas medidas, se proponen otras de mejora de las condiciones laborales de los funcionarios de la Generalitat. Así, los sindicatos reclaman que el personal sanitario pueda percibir las cuantías correspondientes a la carrera profesional en 2009 o, en caso de que no pueda ser así, con efecto retroactivo a partir de esa fecha. También proponen que se convoquen las ofertas de empleo público para 2008 y 2010, para acabar con la temporalidad. Implantar los concursos de traslado y promoción interna.
Asimismo, los funcionarios solicitan un aumento de los fondos para formación y la aprobación de un plan de salud laboral que incluya revisiones médicas anuales (actualmente se realizan cada diez años), un catálogo de enfermedades profesionales, y cubra las plazas de los servicios de prevención (aprobadas hace, al menos, seis años).
Existe también, entre los planteamientos de los sindicatos, un bloque de reivindicaciones para conciliar la vida familiar y laboral. Ésta pasa por aumentar el permiso de paternidad a 20 días y permitir reducciones de jornada durante tres años.
Otras cuestiones que inciden en este aspecto son la elaboración de planes de igualdad y la aprobación de un plan de ayudas sociales, por el que la Generalitat sufrague parte de la atención sanitaria que no cubre la Seguridad Social: por ejemplo, los alimentos especiales para los niños que tienen alergia, o ciertas intervenciones quirúrgicas.
Una cuarta clasificación se refiere a las exigencias sindicales en materia de protección de los derechos de los trabajadores. En este ámbito proponen, por ejemplo, la elaboración de un plan de actuación en casos de mobbing, o acoso laboral.
Otra de las medidas que los sindicatos creen necesarias es el incremento del 5% al 8% de las reservas de plazas de la administración pública para discapacitados. Y, estrechamente ligada a ésta, la creación de una comisión interdepartamental que facilite la adaptación de las pruebas selectivas y de promoción para los discapacitados. El objetivo es que estos trabajadores también puedan hacer carrera profesional, «como todos».
Ley de función pública
Pero, sin duda, la reivindicación histórica de los trabajadores de la Generalitat es la elaboración de una ley de la función pública valenciana: una normativa que regule aspectos como el teletrabajo, la aplicación de las nuevas tecnologías al desempeño de la función pública, introduzca un sistema de clasificación de los puestos de trabajo adaptado a las titulaciones académicas y a la futura homologación con la Unión Europea, etcétera.
Todo esto volverá a ponerse esta tarde sobre la mesa en la reunión que mantendrán el Consell y los sindicatos. De Rosa deberá dar alguna respuesta a los representantes de UGT, CC.OO., CSIC, STAPV e IGEVA, que esperan no volverse con las manos vacías.
Según fuentes sindicales, la posición del conseller fue, en general, receptiva durante la reunión que mantuvieron el lunes (a instancias del Consell). De Rosa se mostró dispuesto a plantear al área de Economía la elaboración de la ley de función pública, para la que se necesita una importante partida presupuestaria.
A los sindicatos no se les escapa la cercanía de las elecciones generales. Sin querer entrar a valorar las fechas, se mostraron contentos de que, al menos, el Consell esté dispuesto a negociar y a aceptar algunas de sus peticiones.
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