UGT acusó ayer a la patronal de bloquear el primer convenio catalán de dependencia del sector privado y concertado, reclamado por el propio sindicato desde 2005 para ordenar las condiciones del sector. Ante esta situación y la "precariedad" laboral de los trabajadores de este ámbito, anunció una manifestación para el próximo 20 de febrero por el centro de la capital catalana.
El responsable de negociación colectiva del sector de Sanidad de UGT, Juan Cobacho, señaló como responsable del boicot a la patronal Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (ACRA), de la cual dijo: "Pone palos a las ruedas" y "no quiere discutir ni aportar" un convenio catalán, amparándose en la firma de un convenio estatal en noviembre, que UGT aseguró que "sólo sirve a los intereses patronales" y supone una "pérdida de derechos" de los trabajadores.
A su juicio, el sector privado de servicios sociales debe entender "de una vez" que en adelante, con la implantación de la Ley de Dependencia y la Ley catalana de Servicios Sociales que crearán más oferta y demanda, la patronal no podrá "enriquecerse a costa de los abuelos".
Cobacho destacó la "situación insostenible" del sector, que dijo registra un "déficit" de profesionales, que en la actualidad cifró en 2.000 y que ascenderá a los 10.000 hasta 2012 en Catalunya por las nuevas necesidades generadas por las leyes de Dependencia y de Servicios Sociales.
EL 30% DE TRABAJADORES SOCIALES SON INMIGRANTES
Según Cobacho, el 90% de los trabajadores sociales son mujeres y el 30% inmigrantes, y sufren una "precariedad salarial absoluta" con sueldos netos de 700 euros mensuales y una "alta rotación y baja estabilidad" con jornadas de 40 horas semanales. También lamentó la baja calificación de los trabajadores sociales que se han incorporado recientemente en el sector.
"No entendemos que pese al empeño de la Administración y el cerrajón de la patronal" para que el convenio catalán de dependencia salga adelante, remarcó Cobacho, que subrayó que la Generalitat está poniendo encima de la mesa mayores recursos para el sector. Por ello, "queremos llamar la atención de los ciudadanos y la administración para hacer patente que la situación es insostenible", subrayó Cobacho.
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