Los sindicatos de funcionarios marroquíes han convocado una jornada de huelga general para mañana miércoles con la intención de paralizar la mayoría de los servicios públicos del país para reivindicar mejoras salariales.
Las reuniones mantenidas por el primer ministro, Abás El Fassi, con las centrales sindicales durante la semana pasada y el inicio de ésta no han evitado que la convocatoria de paro para este 13 de febrero siga en marcha para denunciar el ‘grave deterioro del poder de adquisición’ de los funcionarios marroquíes.
La consigna fue lanzada por la Unión Marroquí del Trabajo (UMT) y la Federación Democrática del Trabajo (FDT), mientras que la Confederación Democrática del Trabajo (CDT) asegura que a ella no le concierne y la Unión General de Trabajadores de Marruecos (UGTM) ha dado a sus militantes la libertad de secundarla o de no hacerlo.
Según indica el periódico ‘Al Bayane’, la huelga, calificada de ‘preventiva’, fue acordada para reaccionar contra ‘la actitud negativa e irresponsable del Ministerio de Interior en cuanto a la lista de reivindicaciones de los empleados de las colectividades locales’.
Al frente de las reclamaciones de los funcionarios públicos figura que el salario mínimo aumente hasta los 3.000 dirhams (unos 269 euros), así como una indemnización por riesgos laborales o, entre otras, la reapertura de los centros de formación administrativa y técnica.
Esa huelga se uniría a la iniciada el pasado 29 de enero por el sector de la pesca de bajura marroquí, que ha paralizado ya los puertos marroquíes y según diversas fuentes consultadas por EFE está impidiendo las exportaciones de pescado fresco hacia España.
Asimismo, ha sido respaldada por la Organización Democrática de la Enseñanza (ODE), que insta a una reforma global del sistema educativo y ha llamado a todo el personal del sector a sumarse al paro general del día 13 y a participar en el convocado por ellos un día antes.
El diario ‘L’Economiste’ destaca que a pesar del compromiso gubernamental de continuar el diálogo con los sindicatos, la falta de acuerdos concretos ha llevado a no suspender la convocatoria, que supondrá para el primer ministro, según la fuente, un ‘bautismo de fuego y la primera queja social de tal amplitud’.
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