Madrid: Hetaira pide derechos sociales y laborales para las trabajadoras del sexo

El colectivo en defensa de los derechos de las prostitutas, Hetaira, denunció que el reconocimiento de los derechos sociales y laborales de las trabajadoras del sexo sigue siendo una tarea pendiente y criticó, sobre todo, la persecución que viven en Madrid desde que Alberto Ruiz Gallardón y la concejala Ana Botella llegaron al Ayuntamiento

Cristina Garaizabal, portavoz de Hetaira, citó el Plan contra la esclavitud sexual aprobado por el consistorio madrileño en 2004 y calificó sus efectos “devastadores” para las mujeres trabajan en la calle: “Acoso policial permanente, detenciones y deportaciones de prostitutas inmigrantes que no tienen regularizada su situación, persecución arbitraria de prostitutas y clientes con amenazas y humillaciones, crecimiento de pequeñas mafias y chulos en la defensa de un espacio cada vez más reducido y acosado, enfrentamiento entre las propias trabajadoras del sexo porque cada vez es más difícil trabajar en las calles de esta ciudad”.

A su juicio, éste es el resultado de un plan creado por el Partido Popular “para apuntarse un tanto electoral” en lugar de adoptar de manera “seria y constructiva” soluciones para solventar los conflictos entre el vecindario y las prostitutas. Garaizabal lamentó que el Ayuntamiento nunca haya contemplado a las prostitutas como ciudadanas con iguales derechos que el resto, “ni haya negociado en pie de igualdad con los vecinos qué hacer con las zonas donde se ejerce la prostitución para buscar sitios donde puedan trabajar en mejores condiciones sin perjudicar a nadie”.

También se refirió a las actuaciones emprendidas en el entorno de la calle Montera, donde se reforzó la vigilancia policial y se instalaron cámaras, a pesar de la negativa de las personas vecinas a estas medidas. Cristina Garaizabal denunció la especulación urbanística que se está produciendo en la zona, donde una inmobiliaria ha comprado los locales para abrir restaurantes y lugares con “glamour”, contra la opinión de la asociación vecinal del barrio.

Respecto a la entrada en vigor del Convenio europeo de lucha contra la trata, que el Gobierno de España no firmó, dijo que “es discutible en muchos puntos” y tildó de “deficientes” las medidas españolas de lucha contra la trata de seres humanos.

Hetaira recordó también la promesa incumplida del Gobierno de aprobar un Plan contra la Trata con fines de explotación sexual que debería haberse aprobado en la actual legislatura, aunque la portavoz del colectivo aseguró no estar de acuerdo con algunos aspectos del borrador del Plan como tampoco con las conclusiones de la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer del Congreso de los Diputados sobre la prostitución, pues considera que la identifican con delincuencia.

Hetaira estima que un 5% de las prostitutas ejercen en contra de su voluntad y aunque sea un porcentaje minoritario, “no quita gravedad a su situación ni implica que no tengan derechos que tienen que ser garantizados”.

La inmigración y la pobreza han servido, en su opinión, de argumentos para reforzar las teorías abolicionistas que en muchos casos identifican prostitución con violencia de género y subrayó que muchas inmigrantes no pudieron legalizar su situación en la última regulación por no contemplarse la prostitución como un trabajo.

Cristina Garaizabal recordó que el Código Penal castiga la prostitución forzada pero no la voluntaria, y que es la primera la que se debe perseguir, en lugar de acosar a los clientes como no estuvieran accediendo a un servicio pactado entre las dos partes.

La portavoz de Hetaira hizo estas declaraciones durante la presentación del libro “La prostitución a debate. Por los derechos de las prostitutas”, en la que también estuvo presente Justa Montero, de la Asamblea Feminista de Madrid.