El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, reconoció ayer que existen 1,2 millones de pensionistas que reciben prestaciones por debajo de los 500 euros mensuales en España, y aseguró que, para el Gobierno socialista, es "fundamental" reducir el número de personas que reciben una pensión inferior a esa cuantía.
Así lo puso de manifiesto en el I Congreso de la Confederación Estatal de Prejubilados y Pensionistas (Cepyp), que se celebra en estos días en el Palacio de Congresos de Madrid, y en el que el colectivo reivindica el fortalecimiento de las organizaciones que les representan y la recuperación a los 65 años de la penalización a la jubilación anticipada.
El concreto, el colectivo pide la supresión de los "coeficientes abusivos" que se aplicaron a sus pensiones por haberse jubilado de "forma obligada" antes del año 2002 y antes de cumplir los 65 años. "No tiene ninguna justificación porque ningún jubilado está voluntariamente en esta situación", denuncian los pensionistas.
En este sentido, Granado explicó que de los 4.000 expedientes que denuncian la devolución del porcentaje de su pensión que no recibieron, la Seguridad ha resuelto un total de 500 "de forma favorable", estableciendo una media de los años de cotización de cada jubilado y abonando en una paga compensatoria la cantidad correspondiente.
"Si nos hemos equivocado, lo corregiremos", indicó Granado, tras asegurar que estudiar y resolver la situación de estos jubilados es un compromiso firme del Partido Socialista para la próxima legislatura. "No somos adversarios, somos compañeros", añadió.
Además, aseguró que será necesario frenar los despidos de los más veteranos por parte de las empresas a través de una regularización. "La forma de pagar mejores pensiones es que las empresas no puedan despedir a la gente más valiosa, los más veteranos", indicó.
Por otro lado, el secretario de Estado, recordó las iniciativas llevadas a cabo por el Partido Socialista en estos cuatro años de Gobierno en materia de pensiones, aunque reconoció que queda pendiente "prácticamente todo" para este colectivo porque, a su juicio, se ha hecho "sólo una parte muy pequeña de todo lo que se puede hacer".
Por su parte, el colectivo demandó también una pensión de viudedad equivalente al 70% de la prestación por jubilación que le correspondería al difunto, así como la devolución de las partidas de la Seguridad Social que se utilizaron para "tapar agujeros" de los Presupuestos del Estado en el pasado.
En este punto, el secretario de Estado recibió numerosas críticas por parte del colectivo al reconocer que el Estado debe devolver a la Seguridad Social el dinero que se usó para prestar asistencia sanitaria, e insistió en que el Ejecutivo estará para "dar la cara". "La Seguridad Social es una prioridad para el Partido Socialista", señaló.
Finalmente, el colectivo, que silbó en numerosas ocasiones al secretario de Estado, reconoció que hay dinero y que hay voluntad política, por lo que abogó por "abrir el frigorífico para dar de comer a los hambrientos y seguir metiendo dinero para los que lleguen después".
Por su parte, Granado, que resolvió las dudas de numerosos jubilados que se acercaron al escenario una vez finalizado el acto, puso de manifiesto el interés del partido al que representa de seguir mejorando las condiciones de este colectivo.
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