Navarra: un total de 56.002 extranjeros residen en la Comunidad foral en situación legal, el 9,5 por ciento de la población

Un total de 56.002 extranjeros residen en la Comunidad foral en situación legal, el 9,5 por ciento de la población. En concreto, 35.787 están adscritos al régimen general, 19.353 en el régimen comunitario y 861 son estudiantes. Además, 1.420 personas han solicitado, desde que comenzó 2008, la documentación para conseguir la situación regular.

   El delegado del Gobierno en la Comunidad foral, Vicente Ripa, destacó esta mañana en rueda de prensa que "los afiliados extranjeros a la Seguridad Social en Navarra alcanzan las 30.835 personas, lo que supone el 11 por ciento de los 281.464 cotizantes".

   De los 30.835 afiliados extranjeros dados de alta en la Seguridad Social, tres de cada cuatro están adscritos al régimen general (23.009), 3.001 son autónomos, 2.666 al régimen agrario y 2.159 al del hogar.

   Por países, Ripa indicó que es "hegemónico" Ecuador, con 6.762 cotizantes. El resto de nacionalidades superan el medio millar de afiliados a la Seguridad Social son Portugal (3.740), Marruecos (3.019), Colombia (2.424), Bulgaria (2.320), Rumanía (2.199), Perú (1.238), Argelia (948), Francia (854), Ucrania (616), Bolivia (555) y República Dominicana (519).

   Ripa afirmó que el número de afiliados en Navarra a la Seguridad Social "ha aumentado en los cuatro últimos años un 14,34 por ciento, ganando 35.306 cotizantes en esta legislatura nacional". Este incremento del 14,34 por ciento se debe "a la población extranjera, ya que al acabar 2003 los cotizantes extranjeros eran 15.766", añadió.

   En cuanto al cobro de las prestaciones por desempleo, "los perceptores extranjeros también suponen el 11 por ciento del total, 2.417 al concluir el pasado mes, de las 21.859 personas que cobran el paro en Navarra", sostuvo el delegado. "Cruzando pues los datos de la Tesorería General de la Seguridad con los del Servicio Público de Empleo Estatal, Navarra registra hoy trece cotizantes extranjeros por cada perceptor del paro foráneo", señaló.

SANCIONES A EMPRESARIOS

   La Inspección de Trabajo en Navarra ha incoado en los últimos cuatro años 460 sanciones a empresarios por no tener regularizados a sus trabajadores extranjeros, que carecían de permiso de trabajo. El importe de las multas económicas ascendió a 3 millones de euros.

   En el ámbito penal, en esta pasada legislatura nacional, la Guardia Civil practicó en la Comunidad foral 118 detenciones por explotación laboral y liberó la economía sumergida y "esclavista" a 252 inmigrantes.

REPATRIACIONES

   Respecto a las expulsiones, el Cuerpo Nacional de Policía ejecutó el año pasado en Navarra 63. El delegado aseguró que "se sigue priorizando la deportación de los extranjeros que suponen un riesgo cierto para la seguridad ciudadana".

   Estas respatriaciones afectan especialmente a argelinos, rumanos, marroquíes, ecuatorianos y colombianos. España ha tramitado en esta legislatura nacional 370.000 repatriaciones.

OFICINA EXTRANJERÍA

   Ripa se refirió también al proyecto de la Oficina Única de Extranjería, que estará situada en el número 40 de la avenida de Guipúzcoa. La oficina tendrá un presupuesto de más de cuatro millones de euros y estará operativa el próximo otoño.

   Estas nuevas dependencias, de 1.100 metros cuadrados, van a agrupar los servicios que actualmente se prestan en los locales del Cuerpo Nacional de Policía en la calle Pascual Madoz y en el Área de Trabajo y Asuntos Sociales de la Delegación del Gobierno (Avenida de Bayona, también en Pamplona).

EJES EN INMIGRACIÓN

   El delegado del Gobierno en Navarra describió los ejes en política de inmigración en esta legislatura nacional. En primer lugar, destacó la mejora de la atención a la población inmigrante en el orden administrativo, con "el hito" de la habilitación en otoño de la Oficina Única de Extranjería. Por otro lado, la contratación en origen "para que quien venga lo haga porque no se cubre en el mercado nacional ese puesto de trabajo concreto", explicó Ripa.

   Por otra parte, la intensificación de la inspección de trabajo para minimizar la economía sumergida. En cuarto lugar, el control de los flujos migratorios, tanto interior, mediante identificaciones y expulsiones, como fronterizo, "reforzado con una proactiva política diplomática".

   Y por último, la recepción de inmigrantes procedentes de Canarias, con orden de expulsión en el caso de los adultos, para reducir la presión migratoria sobre las islas, que "ha descendido de forma geométrica, por cierto, en buena medida por la activación de las medidas antedichas", apuntó.