Cantabria: Justicia propone que los funcionarios fichen a través de la huella dactilar

Un mes después de que el Gobierno de Cantabria asumiera de manera efectiva las transferencias en materia de justicia, los sindicatos que representan a los trabajadores de esta administración -CSI-CSIF. CC OO. STAJ y UGT- se descolgaron con amenazas de protesta.

Tras una primera reunión con el consejero de Justicia, Vicente Mediavilla, y su equipo, celebrada la semana pasada, las movilizaciones se quedaron en asambleas informativas. Y es que en ese primer encuentro los nuevos responsables de la administración de justicia en la región pusieron sobre la mesa de negociación una panoplia de propuestas en distintas materias que requieren del debate y consenso, antes de cualquier amenaza de confrontación. Entre ellas se encuentra una medida sensible cuando se trata de personal funcionario: el control horario.

Las sedes judiciales de Santander tienen instalado desde hace años un sistema de control de tarjetas que no está operativo, de manera que queda a la responsabilidad de cada funcionario el cumplimiento de la jornada laboral de 37,5 horas semanales de trabajo efectivo, establecido en 2005 por el Ministerio de Justicia, que vincula a las comunidades autónomas con competencias asumidas.

Ahora la Consejería de Justicia plantea a los representales sindicales establecer un control horario mediante la instalación de un sistema digital a través de la huella dactilar, que pasa por la recogida previa de la misma de todos los funcionarios, una propuesta que suscitó mucha polémica cuando anteriores gobiernos pretendieron llevarla a efecto en la sede del Gobierno regional. Hasta el punto de que nunca llegó a entrar en funcionamiento.

Pero la presencia del control horario en la mesa de negociación es sólo una parte de las medidas que el Gobierno propone. Así, la consejería de Justicia se preocupa por la formación de los funcionarios y plantea dedicar este año 73.118 euros a actividades formativas. Asimismo propone la elaboración de una nueva normativa sobre selección y nombramiento de funcionarios interinos, en la que prime la capacidad en la prestación del servicio. Y en materia de oferta de empleo público introducirá las plazas vacantes en la Administración de Justicia: seis plazas de gestión, cinco de tramitación y dos de auxilio.

El documento apuesta por una «renovación tecnológica radical» en la administración de justicia cuando las reformas legislativas permitan implantar la denominada ‘Nueva Oficina Judicial’.