La secretaria general de Políticas de Igualdad, Soledad Murillo, ha destacado la previsión de que unas 4.000 empresas firmarán a lo largo de este año convenios que incorporan medidas de igualdad, lo que ya han hecho cerca de 600 entidades desde la entrada en vigor de la Ley de Igualdad.
Murillo ha intervenido en la presentación del estudio ‘La productividad del trabajo y la conciliación de la vida laboral y personal’, elaborado por un grupo de investigación de Derecho del Trabajo de la Universidad Carlos III de Madrid.
Para la responsable del Gobierno de Políticas de Igualdad, la ley ha planteado cambios en la mentalidad de las empresas respecto a la rentabilidad de aplicar estas medidas y opina que la vida laboral no debe impedir llevar otra familiar o la posibilidad de conciliar, manteniendo o mejorando la productividad y el compromiso con la empresa.
‘Conciliar no es ir a cuidar niños exclusivamente, es tiempo disponible’ de un trabajador, ha aclarado Murillo.
Entre las empresas que están aplicando estas medidas de igualdad, Murillo ha recordado que principalmente son de sectores como la banca y la química, aunque también ha destacado el trabajo en este sentido de la Agencia Efe.
Las medidas que propone el estudio se dirigen a la Administración y a los interlocutores sociales, como la de crear instrumentos públicos y privados para la conciliación de la vida familiar y laboral, subvenciones para las PYMES y flexibilizar permisos y excedencias para ejercitar trabajo a tiempo parcial.
También plantea una mayor integración de los inmigrantes en la sociedad y el mercado laboral y eliminar los obstáculos que impiden el retorno a sus países.
Respecto a los jóvenes propone estimular la movilidad geográfica mediante ayudas de alquiler e introducir en los convenios colectivos el uso de las nuevas tecnologías, que pueden ser utilizadas para potenciar el ‘teletrabajo’, sobre todo en el caso de las mujeres tras su baja maternal.
Otra de las propuestas del estudio, coordinado por los catedráticos Jesús Mercader y Luciano Parejo, es la de permitir la compatibilidad del subsidio de incapacidad temporal con el trabajo a tiempo parcial en los supuestos de enfermedad o accidente que permitan al trabajador seguir prestando servicios.
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