El vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, Fernando Lamata, presidió ayer la firma del Acuerdo sobre Condiciones de Trabajo en la Administración para el periodo 2008-2011, que rubricaron la consejera de Administraciones Públicas, Sonia Lozano, con los secretarios regionales de UGT, Carlos Pedrosa y de CCOO, José Luis Gil.
Lamata confió en que el acuerdo, que es ‘bueno’ para toda Castilla-La Mancha y que supondrá un ‘esfuerzo de financiación’, sea ‘referencia para otros sectores’, y mostró su agradecimiento al esfuerzo de los negociadores, con los que ha habido las diferencias normales en cualquier negociación.
Según indicó el responsable del Ejecutivo autonómico, el acuerdo no es un ‘punto final sino un punto y seguido’, y aunque su vigencia es de cuatro años, la aplicación de las mejoras económicas se realizará a 1 de enero de 2010.
El responsable regional de CCOO señaló, por su parte, que el acuerdo al que se llegó el pasado lunes en la Mesa General de Negociación, supondrá que los funcionarios y laborales de la Junta de Comunidades van a tener el mismo salario que cualquier trabajador de la Comunidad de Madrid.
José Luis Gil, quien precisó que esto hará que los trabajadores públicos de la región tengan un convenio colectivo ‘de los mejores de España’, también aludió a la convocatoria de huelga anunciada por ambas centrales sindicales, previa al acuerdo, y advirtió que las movilizaciones eran un ‘instrumento para conseguir lo que queríamos’.
Por su parte, el responsable de UGT manifestó su satisfacción por este acuerdo que también garantiza que no haya pérdidas de poder adquisitivo entre los funcionarios, y lamentó que sobre el mismo se estén ‘contando muchas mentiras y medias verdades’.
CRÍTICAS DE CSI-CSIF.
Se refirió así a las manifestaciones realizadas por el sindicato CSI-CSIF, que no firmó el acuerdo, ironizando en su intervención al asegurar que la firma de ayer, según este sindicato, se realiza ‘con nocturnidad y alevosía’.
Preguntados por las críticas de CSI-CSIF, Pedrosa consideró que ayer, en la Mesa de Negociación, el sindicato pudo sumarse al acuerdo, aunque no entró a discutir ni cuestionar ‘las estrategias’ de cualquier otra organización.
Al respecto, Gil aseguró que ‘ningún sindicato debe de enmascarar su debilidad contando mentiras a los empleados públicos’, convencido de la legitimidad que puede haber para no firmar un convenio, pero crítico con que no se explique porqué no se firma o se haga con ‘mentiras’.
También el vicepresidente primero del Ejecutivo señaló que el acuerdo se alcanzó ‘donde debe alcanzarse’ y negando que no se haya contado con esta organización para llegar al mismo, al que se ha podido sumar ‘y hablar’.
19.000 BENEFICIARIOS.
El acuerdo beneficia a cerca de 19.000 empleados públicos y supone una aportación total del Gobierno regional de más de 32 millones de euros para la homologación retributiva del personal funcionario y laboral de la Junta de Comunidades.
Además de su contenido económico, el Acuerdo sobre Condiciones de Trabajo en la Administración para el periodo 2008-2011, recoge, tal y como contaron los representantes sindicales, otras ‘cuestiones muy variadas’ como la promoción interna y que ningún empleado público se sitúe por debajo de los mil euros mensuales.
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