El Gobierno cántabro adoptará medidas para intentar recolocar en otras empresas de la región a los trabajadores despedidos de Candemat menores de 52 años que así lo deseen, pero antes de adoptar ninguna acción al respecto exige que la empresa abone a los trabajadores las indemnizaciones acordadas por la administración concursal. Mientras tanto, a los mayores de 52 años el Ejecutivo ya les ha propuesto prejubilaciones para que individualmente decidan si las aceptan.
Así lo explicó ayer en respuesta a preguntas de los periodistas la vicepresidenta cántabra y consejera de Empleo y Bienestar Social, Lola Gorostiaga, quien aprovechó además para criticar la actitud del comité de empresa por reclamar ahora al Gobierno unas ayudas que rechazó cuando se las propuso la administración concursal.
En cualquier caso, subrayó que el Gobierno cántabro no va a "dejar tirados" a los trabajadores despedidos de Candemat y, por ello, hará todo lo que esté "en su mano" por "alentar e incluso incentivar" la "pronta recolocación" de los trabajadores menores de 52 años que así lo deseen.
Se mostró esperanzada al respecto, porque los datos del empleo en el sector industrial cántabro son en la actualidad "los mejores" de la historia de la región, pero también porque se trata de trabajadores "excelentemente formados y cualificados".
Aun así, insistió en que cualquier actuación al respecto está "condicionada" al pago previo de las indemnizaciones por parte de la empresa, a la que "le toca" cumplir el auto judicial que autorizó los despidos, no sólo en este aspecto, sino también en las indemnizaciones acordadas en dicha resolución.
En este sentido, la consejera de Empleo mostró el "descontento creciente" del Gobierno regional por la actitud de la empresa, que no está "liberando" los fondos suficientes para el pago de esas indemnizaciones.
"Al Gobierno de Cantabria le gustaría que el rigor de la administración concursal en el ejercicio de sus competencias se siguiera manteniendo y se forzara, de una vez por todas, a que la empresa haga frente al pago de las indemnizaciones acordadas por el Juzgado de lo Mercantil", recalcó.
También dejó claro, que complementar esas indemnizaciones "no es la solución más adecuada" en el momento actual, en el que existe ya una resolución judicial que fija las cuantías, la empresa sigue en proceso de concurso y tiene ante sí un "escenario difícil" de futuro.
En cuanto a los trabajadores mayores de 52 años, señaló que el Gobierno les ha ofrecido "lo que en su día rechazó" el comité de empresa y ahora queda ya en manos de cada uno de ellos el aceptar la propuesta o no.
ASUNCIÓN DE RESPONSABILIDADES
Respecto a la actitud del comité de empresa, lo primero que aclaró Gorostiaga es que ya no representa a los despedidos, y consideró "chocante que quienes no accedieron en su día a un acuerdo, reclamen su cumplimiento ahora que es jurídicamente imposible".
En este punto, la vicepresidenta destacó que los expedientes de regulación de empleo en empresas en concurso no se negocian con la dirección de la empresa, sino con los administradores concursales, y por tanto no se puede achacar a la empresa el que no se haya llegado a un acuerdo.
"El acuerdo no se ha logrado, no por culpa de la empresa, sino por no aceptar el comité lo que les proponía la administración concursal. Que cada cual asuma su responsabilidad", recalcó Gorostiaga, quien lamentó que el comité de empresa "no haya accedido" a la oferta de la administración concursal, porque esa negativa ha "desembocado en menores indemnizaciones, mayor número de despedidos y mayor número de despidos forzosos".
Según recordó, la administración concursal ofreció a los trabajadores negociar 60 excedentes (en lugar de los 70 despidos acordados finalmente), un plan de jubilación para los de mayor edad y bajas incentivadas con indemnización adicional, acompañado todo ello de una modificación del convenio colectivo de la empresa en lo que se refiere a retribuciones y jornada laboral.
De hecho, Gorostiaga consideró "ilusos" a los que piensen que la empresa puede salir adelante con el actual marco de relaciones laborales, sistema de dirección y organización interna, e insistió en la necesidad de revisar las condiciones del convenio, como ya apuntó tiempo atrás la Dirección General de Trabajo.
Finalmente, aseveró que el Gobierno en su momento estaba dispuesto a colaborar para estudiar la cofinanciación de esas medidas que sugería la administración concursal para "minorar" las consecuencias del expediente de regulación de empleo presentado en el Juzgado, principalmente con prejubilaciones, pero ahora, apuntó, "el escenario es distinto".
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