El debate sobre la sostenibilidad y futuro del sistema público de pensiones –siempre presente, pero de forma soterrada por su impopularidad– volvió a aflorar el viernes. La Fundación de Estudios Financieros eligió el primer día de la campaña electoral para proponer que el Estado imponga a los trabajadores un sistema complementario de prestaciones privadas o, como mínimo, público pero con la gestión de los activos encomendada al sector financiero.
César Molinas, autor del estudio en que se recoge la propuesta y alto cargo del Ministerio de Economía en la anterior etapa de Gobierno socialista, apostó por que el trabajador sea quien asuma el pago de estas pensiones complementarias. "El esfuerzo de ahorro tiene que venir del individuo para que entienda el riesgo que corre", aseveró.
Los trabajadores, en su opinión, no son conscientes de lo que cuesta pagar las pensiones públicas debido a que las empresas asumen la mayor parte de su pago (alrededor del 23%, frente al 6% de media que se le retiene a los empleados en su nómina).
A su juicio, no es posible reducir el impuesto sobre la renta por razones presupuestarias y las empresas ya soportan unos costes salariales altos, con lo que la solución sería elevar la aportación a las pensiones que realizan los trabajadores para destinarla a financiar el sistema complementario obligatorio. Además, propuso reducir las prestaciones de las clases medias y, en la medida de lo posible, aumentar la presión fiscal.
RIESGO DE LONGEVIDAD
El informe destaca que la inmigración ha aliviado el problema del envejecimiento de la población a corto plazo, pero agravará la situación de las pensiones en unos años. Según sus cálculos, el gasto en pensiones se habrá duplicado en el 2050 desde el actual 8% del producto interior bruto hasta un "inasumible" 16%. "El superávit de la Seguridad Social no nos debe hacer pensar que no tiene problemas", argumentó Molinas.
Además de imponer de forma "coercitiva" el sistema complementario, el estudio aboga por retrasar la edad real de jubilación. "Los 65 años los puso Bismarck en el siglo XIX, cuando solo los alcanzaba el 10% de la población; ahora llega el 90%", justificó su autor.
AVAL DEL BCE
Las propuestas del informe encontraron el respaldo del Banco Central Europeo. "Sigue siendo necesario que muchos países reformen sus sistemas de protección social –en particular, los de pensiones– para garantizar su sostenibilidad a largo plazo frente al envejecimiento", aseguró José Manuel González-Páramo, miembro del comité ejecutivo del supervisor.
El dirigente del BCE sostuvo que las reformas actuales van encaminadas a elevar los tipos de cotización, reducir las tasas de sustitución (la diferencia entre las pensiones de los jubilados que fallecen y las de quienes comienzan a percibir la prestación) y retrasar la edad de retiro.
"Estas reformas implican una reducción general de las prestaciones y una disminución de los ingresos por jubilación en relación con lo salarios", resumió. Los gobiernos, a su entender, deben valorar si estas reducciones se realizan a todas las pensiones por igual o en función de los niveles de renta.
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