El Tribunal Supremo ha dictado auto de sobreseimiento libre de la causa abierta contra el presidente del banco Santander, Emilio Botín, y 13 ejecutivos acusados de presuntos delitos de apropiación indebida y contra la Hacienda Pública supuestamente cometidos durante la entrega del 1% de las acciones de Banesto a los 13 directivos que puso al frente de la entidad.
El Alto Tribunal, en un auto de fecha 19 de diciembre de 2007 hecho público ayer, acordó rechazar el recurso de casación presentado por las acusaciones particulares ejercidas por el ex consejero de Banesto y ya fallecido Rafael Pérez Escolar (condenado por el Caso Banesto) y la Asociación para la Defensa de Inversores y Clientes (ADIC) contra el archivo dictado por la Audiencia de Cantabria.
Este auto, contra el que no cabe recurso alguno, archiva definitivamente la causa que investigaba al Santander por no aplicar las retenciones tributarias en el ejercicio de 1994 de la entrega del 1% de las acciones de Banesto a los 13 ejecutivos que colocó al frente de la entidad adquirida tras la intervención en 1993.
El Supremo rechazó el recurso al considerar que no cumple con el precepto de que "la competencia para el conocimiento de los hechos enjuiciados no correspondía a la Audiencia Provincial de Cantabria sino al juez de lo Penal territorialmente competente".
La Audiencia Provincial archivó la causa al concluir que no existían "motivos suficientemente fundados" para inculparles. El Alto Tribunal mantiene que esta resolución no es "en ningún caso susceptible de impugnación casacional, sino únicamente de apelación ante la Audiencia Provincial de procedencia".
El Banco Santander abonó estos impuestos en 1998 al ejecutar de forma definitiva la cesión de las acciones y que se cerró con la inclusión de un plan de incentivos para los directivos de Banesto aprobado por la comisión ejecutiva del Banco Santander.
Por su parte, las acusaciones mantenían que la entidad debía haber aplicado las retenciones en el ejercicio de 1994, cuando entregó las acciones de Banesto a sus nuevos ejecutivos a valor nominal de 400 pesetas que alcanzaron un valor total de 6,47 millones de euros, cuando su cambio medio en bolsa era de 848 pesetas.
La Sala de lo Penal del Supremo exime así de responsabilidades penales a Emilio Botín, Matías Rodríguez Inciarte, Dimas Blanco Valdivieso, José Luis Díez Fernández, Rafael Alonso Botín, Rodrigo Echenique, Juan Secades, Ignacio Benjumea, Juan Carlos Rodríguez Cantarero y José María Espí.
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